Cobertura responsable y feminista. Filtra por tema o explora lo más reciente.
El 11 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Niña. Lo seguimos celebrando porque las niñas siguen viviendo realidades inaceptables. Las cifras, lo que falta, y lo que toca exigir.
A casi un año del gabinete paritario, balance honesto: la representación avanza, los resultados sustantivos en violencia y desigualdad siguen rezagados.
5,020 mujeres asesinadas en diez meses; solo 597 tipificadas como feminicidio. El subregistro no es un error técnico: es decisión política.
Leer la Independencia desde el feminismo no es revisionismo: es restitución. Las mujeres independentistas que quedaron en notas al pie y la patria que sigue sin ser para todas.
A trece meses de la Ley Paola Buenrostro, la Fiscalía CDMX ha tipificado cuatro casos como transfeminicidio. Balance con avances reales y pendientes que importan.
10 millones de mexicanas viven violencia digital. La Ley Olimpia federal es escudo, pero la aplicación efectiva sigue siendo desigual. Lo que se puede exigir y lo que se puede hacer.
La UNAM con 128 denuncias en un año. Los protocolos universitarios existen, pero su aplicación efectiva es la excepción. Tres exigencias concretas que pueden cambiar el panorama.
Mujeres triqui, mazateca, nahua, yaqui defienden territorios y pagan con su vida. La triple violencia que enfrentan y las estrategias comunitarias que construyen frente a la falla institucional.
Si una mujer cercana te confió que vive violencia, lo más importante son las próximas horas, días y semanas. Una guía concreta para acompañar bien y no equivocarse.
Siete mujeres trans asesinadas en un solo mes en México: Eli, Katia, Joseline, Michelle, Montserrat, Guadalupe y Mónica. Nombrarlas es resistir la primera violencia: la negación de su identidad.
El trabajo doméstico no remunerado equivale al 22.8% del PIB mexicano. Las mujeres dedican 42.8 horas semanales a labores no pagadas; los hombres 16.9. Cinco propuestas concretas.
El informe de Amnistía Internacional documenta la situación de 661 mujeres buscadoras. La deuda del Estado es reconocerlas formalmente como personas defensoras de derechos humanos.