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Desapariciones

Buscadoras asesinadas: seis nombres que México les debe

Seis personas buscadoras —cuatro mujeres y dos hombres— fueron asesinadas en México durante 2025. Memoria, deudas pendientes y exigencia de reconocimiento como personas defensoras de derechos humanos.

Por Edith Pastrana
Buscadoras asesinadas: seis nombres que México les debe

Buscadoras asesinadas: seis nombres que México les debe

Publicado el 15 de diciembre de 2025 · Categoría: Desapariciones

Al cierre de 2025, las cifras suman: seis personas buscadoras —cuatro mujeres y dos hombres— fueron asesinadas durante el año en México. Sus nombres no deben olvidarse. La organización A Dónde Van los Desaparecidos, junto con colectivos como Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, han documentado cada uno de los casos. La cifra del año se suma a las 27 personas buscadoras asesinadas y al menos tres más desaparecidas que se contabilizaban hasta inicios de 2025. Es decir: en total, México lleva más de 33 personas que dedicaron sus vidas a buscar a sus desaparecidos asesinadas o desaparecidas, en una de las trayectorias más graves de violencia contra personas defensoras de derechos humanos del continente.

Este texto, último del año en categoría desapariciones, es un acto de memoria. Los nombres importan. Las circunstancias importan. Y la deuda colectiva del Estado mexicano con cada una de ellas y cada uno de ellos sigue abierta.

Las cuatro mujeres asesinadas

Por respeto a las familias y a la seguridad de quienes continúan investigando sus casos, este texto no menciona apellidos completos ni circunstancias específicas que pudieran exponer a personas cercanas. Las cuatro buscadoras asesinadas en 2025 trabajaban en colectivos de cuatro estados distintos. Tres de ellas en regiones con presencia activa de crimen organizado y conflicto territorial. Una en una entidad considerada históricamente "tranquila" hasta que su caso reveló dinámicas locales menos visibles.

Sus edades: entre 38 y 56 años. Sus historias: madres, hermanas, esposas que habían perdido a un familiar y que convirtieron el duelo en exigencia política. Cada una llevaba años en el trabajo de búsqueda. Cada una había enfrentado, antes del asesinato, amenazas previas que en algunos casos fueron reportadas y en otros no recibieron respuesta institucional adecuada.

Las circunstancias comunes identificadas por organizaciones de seguimiento incluyen: hostigamiento previo durante semanas o meses anteriores; presencia en zonas donde habían denunciado fosas o sitios de exterminio; conflicto con autoridades locales que pudieron haber filtrado información; ausencia de medidas de protección efectivas pese a estar incorporadas o solicitadas al Mecanismo Federal; investigación posterior con avances limitados.

Los dos hombres asesinados

Aunque este texto enfatiza la dimensión de género de la violencia contra buscadoras, no podemos olvidar que los dos hombres asesinados en 2025 también eran personas defensoras. Padres y hermanos que sostuvieron búsquedas durante años, que hicieron público el dolor familiar, que se articularon con colectivos. Sus muertes son parte del mismo patrón de violencia contra quienes hacen el trabajo que el Estado no hace.

El contexto: 2025, un año especialmente violento

El año tuvo características que agudizaron la violencia contra buscadoras:

El hallazgo del Rancho Izaguirre, en marzo, transformó la atención mediática nacional sobre el trabajo de los colectivos. Las Guerreras Buscadoras de Jalisco, que protagonizaron el descubrimiento, recibieron amenazas crecientes durante meses. La CIDH y la CNDH emitieron medidas cautelares. La protección efectiva sigue siendo desigual.

El aumento general de desapariciones en 2025 —10.5% más que en 2024 según Amnistía Internacional— significó más trabajo para los colectivos, más exposición pública, más conflictos con redes criminales que protegían sitios.

La fragmentación interna del Cártel del Pacífico, que detonó el repunte de violencia en Sinaloa, también afectó a colectivos buscadores que operaban en territorios disputados.

El nuevo gobierno federal y la creación de la Secretaría de las Mujeres generaron expectativas de mayor protección que no se materializaron en cifras de asesinatos. La mesa permanente con buscadoras, anunciada en enero, no produjo decisiones operativas suficientes para reducir el riesgo.

Las deudas pendientes

A las seis personas asesinadas, México les debe:

Una. Investigación efectiva de cada caso. Con plazos públicos, líneas claras de investigación, identificación de responsables intelectuales y materiales, sanción a funcionarios que pudieron tener responsabilidad por filtración de información o por inacción.

Dos. Reconocimiento formal póstumo como personas defensoras de derechos humanos. Ese reconocimiento, que la CEDAW ha pedido durante años para todos los buscadores, debe extenderse retroactivamente a quienes ya fueron asesinados. No es solo gesto simbólico: es la base para reparaciones a sus familias y para procesos de memoria pública.

Tres. Reparaciones integrales a las familias. Atención psicológica, apoyo económico, garantías de no repetición, derecho a la verdad, conmemoración pública. Las herramientas existen en la Ley General de Víctimas; falta aplicación efectiva.

Cuatro. Memoria pública. Que sus nombres estén en monumentos, en archivos oficiales, en libros escolares. Que las próximas generaciones sepan que en 2025, en este país, hubo personas que dieron sus vidas por buscar a sus seres queridos.

Cinco. Compromisos verificables hacia las buscadoras vivas. Aumento del presupuesto del Mecanismo, formación intercultural, protocolos adaptados a contextos rurales, sanción a funcionarios cómplices.

Las que siguen

A pesar del riesgo, las buscadoras siguen. Las 134 colectivas documentadas por Amnistía Internacional continúan operativas en todo el país. Madres Buscadoras de Sonora, Brigada Nacional de Búsqueda, Solecito, Rastreadoras del Fuerte, Guerreros Buscadores de Jalisco, Por Amor a Ellxs, y muchas más, siguen excavando, denunciando, organizándose, sosteniendo presencia pública. Cada una de ellas merece protección efectiva, financiamiento sostenido y reconocimiento oficial.

Lo que el Estado mexicano les debe no es un favor. Es justicia mínima. Y es responsabilidad colectiva: de los medios que no han cubierto suficiente, de la academia que tarda en sistematizar, de las organizaciones que no han logrado financiamiento estable para apoyarlas, de las y los ciudadanos que pasan al lado de su trabajo sin reconocerlo.

El cierre del año en deuda

A las seis personas asesinadas en 2025: las cargamos en la palabra y en la exigencia. Sus nombres siguen en las redes de quienes los conocieron y trabajaron con ellos. La memoria es resistencia. La justicia, deuda pendiente.

Y a las que siguen: este espacio es de ustedes también. Su trabajo es nuestro trabajo. Y mientras siga este país sin garantizar su protección, esta plataforma seguirá nombrándolas y exigiendo lo que merecen.


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Fuentes:

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