Tres hipótesis para entender por qué Jalisco se volvió un cementerio

Publicado el 28 de abril de 2025 · Categoría: Desapariciones

Pasaron casi dos meses desde que el colectivo Guerreros Buscadores destapó el Rancho Izaguirre y Jalisco no ha dejado de ser noticia. Cada semana hay un nuevo hallazgo: fosas en Tonalá, restos en Tlajomulco, cuerpos en El Salto, indicios en Tlaquepaque. La pregunta que se hacen colectivas, periodistas, académicos y, aunque tarde, autoridades, es brutal: ¿por qué Jalisco se volvió un cementerio? El estado más urbano del centro-occidente, sede de Guadalajara —segunda metrópoli del país—, polo industrial, turístico y educativo, concentra hoy la peor crisis de desaparición forzada del México contemporáneo.

Las explicaciones de fondo son varias y se retroalimentan entre sí. Esta plataforma, siguiendo el trabajo de la organización A Dónde Van los Desaparecidos y de investigadoras como Anabel Hernández, Marcela Turati y María de Jesús Tlatempa, presenta tres hipótesis que ayudan a entender el fenómeno. No son excluyentes. Las tres operan al mismo tiempo.

Hipótesis 1: La consolidación territorial del CJNG

La primera hipótesis es la más visible y la que más se repite en cobertura periodística: Jalisco es la base territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. La consolidación del CJNG en el estado, durante la última década, implicó no solo control de rutas de narcóticos, sino imposición de un orden paralelo: cobro de "piso" a empresas, control de transporte público en zonas conurbadas, secuestro de migrantes y trabajadores informales con fines de extorsión, reclutamiento forzado de jóvenes —el caso del Rancho Izaguirre es solo el más visible—, y eliminación selectiva de competidores y disidentes.

La desaparición funciona, en esa lógica, como mecanismo de control y de procesamiento de "errores". A quien no se subordina, a quien intenta escapar, a quien debe ser sustituido en la cadena, se le desaparece. El cuerpo no aparece para que la familia no pueda hacer duelo, denuncia ni búsqueda; para que el ejemplo intimide; para que la economía del horror funcione. Las fosas y los hornos crematorios son la infraestructura física de esa economía.

Hipótesis 2: La impunidad estructural y la complicidad institucional

La segunda hipótesis es más incómoda porque señala al Estado: Jalisco se volvió un cementerio porque sus instituciones, durante años, miraron hacia otro lado o colaboraron activamente. El caso del alcalde de Teuchitlán que recibía 70 mil pesos mensuales del CJNG y ayudaba a arrojar restos al rancho Izaguirre no es excepcional. Es ejemplar. Es el patrón.

La fiscalía estatal de Jalisco lleva más de una década con expedientes abiertos sin avances significativos. Los protocolos de búsqueda inmediata —que deberían activarse en las primeras 24 horas tras una denuncia— se aplican parcialmente o con retrasos que vuelven imposible la localización con vida. La identificación forense de restos es lentísima por falta de presupuesto, capacidad técnica y voluntad política. Y la cooperación con las colectivas de buscadoras ha sido históricamente conflictiva: en lugar de tratarlas como aliadas, muchos funcionarios las criminalizan, las acusan de "obstaculizar investigaciones" y, en los peores casos, filtran información que las pone en riesgo.

La impunidad no es ausencia de Estado. Es presencia de un Estado que, en muchos territorios, está articulado con los aparatos criminales. Esa articulación —que documentaron periodistas como Federico Mastrogiovanni o Daniela Rea con paciencia y rigor— explica por qué pueden coexistir, en el mismo estado, megaproyectos federales, polos turísticos, universidades de prestigio internacional y sitios de exterminio operando durante años sin investigación.

Hipótesis 3: El proyecto neoliberal y la explotación migrante

La tercera hipótesis es estructural y de más largo plazo: Jalisco es destino y ruta de migración interna, particularmente de jóvenes provenientes de estados más empobrecidos (Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero). La economía jalisciense necesita esa mano de obra barata para sus industrias, sus campos agrícolas, su construcción, su servicio doméstico. Pero al mismo tiempo, esos jóvenes —al llegar sin redes familiares, sin documentos formales, sin acceso a protecciones sociales— quedan en condición de extrema vulnerabilidad.

El CJNG, con presencia territorial absoluta, identifica a esos jóvenes y los recluta forzadamente para el adiestramiento en sitios como Izaguirre. La promesa inicial, en muchos casos documentados, es de "trabajo" en seguridad privada o vigilancia. Quienes aceptan terminan en el rancho. Quienes se niegan o intentan escapar, también, pero en la categoría de "ejemplo".

Esta dimensión migratoria explica por qué entre los pertenencias halladas en Izaguirre aparecieron objetos de personas reportadas como desaparecidas en Veracruz, Tabasco, Michoacán y otros estados. El sitio era un "centro logístico" del horror que extraía personas de toda la región y las eliminaba en Jalisco. Sin atender la dimensión socioeconómica que produce esos cuerpos disponibles para el reclutamiento, las medidas reactivas (más fiscalía, más operativos) no resuelven la causa.

Las tres hipótesis juntas

Lo importante de pensar en hipótesis no excluyentes es que ayuda a evitar respuestas simplistas. No basta con "más fuerza pública" (la que ya existe es parte del problema), no basta con "más leyes" (las que existen no se aplican), no basta con "más presupuesto al Mecanismo de Búsqueda" (necesario pero insuficiente). Resolver Jalisco requiere intervenir simultáneamente en las tres dimensiones: desmantelar la infraestructura criminal del CJNG con investigaciones que toquen mandos altos y no solo operativos; depurar las instituciones que se articulan con el cártel; y atender las condiciones socioeconómicas que producen jóvenes vulnerables al reclutamiento.

Eso requiere voluntad política sostenida y, sobre todo, escuchar a quienes han sostenido la búsqueda durante años. Las colectivas de buscadoras saben dónde están las fosas. Saben quiénes son los responsables locales. Saben qué necesitan para hacer su trabajo sin ser asesinadas. La cuestión es si el Estado va a escuchar.

Mientras tanto, Jalisco sigue siendo un cementerio. Y cada lunes que se publica este boletín, los hallazgos siguen creciendo.

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Fuentes: