Mujeres buscadoras como defensoras de derechos humanos: la deuda del Estado

Publicado el 21 de julio de 2025 · Categoría: Desapariciones

En julio de 2025, Amnistía Internacional publicó su informe "Desaparecer otra vez", una investigación exhaustiva sobre la situación de las mujeres buscadoras en México. La conclusión central, después de entrevistar a 661 buscadoras de 134 colectivos, es contundente: el Estado mexicano sigue sin cumplir su obligación de reconocer formalmente a las mujeres buscadoras como personas defensoras de derechos humanos, recomendación que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) hizo expresa hace años. Esa deuda formal tiene consecuencias materiales devastadoras: protocolos de protección que no se aplican, recursos financieros que no llegan, sanciones a funcionarios cómplices que no se ejecutan.

La deuda concreta

La recomendación del CEDAW al Estado mexicano —reiterada en múltiples informes desde 2018— es específica: reconocer a las mujeres buscadoras y a las defensoras de víctimas como personas defensoras de derechos humanos con todas las garantías que el derecho internacional otorga a esa figura. Eso significa, en términos operativos:

Protección activa, no solo reactiva, frente a amenazas. Las defensoras deben tener acceso al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras y Periodistas con medidas adaptadas al contexto comunitario, no escoltas estandarizados que no funcionan en zonas rurales o de control criminal territorial.

Investigación con perspectiva específica de los crímenes que las afectan. Cuando una buscadora es asesinada, el caso debe investigarse desde el inicio considerando que la víctima era defensora; eso obliga a explorar líneas de investigación específicas (acoso previo, su trabajo de búsqueda, los actores que tenían interés en silenciarla).

No criminalización. En múltiples ocasiones documentadas, fiscalías estatales han abierto investigaciones contra buscadoras acusándolas de "obstaculizar investigaciones" o de tener vínculos con el crimen organizado, lo cual revictimiza y desincentiva su trabajo.

Acceso a recursos públicos para sostener su labor. Las buscadoras hacen, gratuita y voluntariamente, el trabajo que el Estado tiene la obligación de hacer. Reconocerlas como defensoras implica facilitar fondos para sus actividades: equipo, viajes, capacitación.

Participación en la formulación de políticas públicas. Las buscadoras saben dónde están las fosas, conocen los patrones de operación criminal, han desarrollado experiencia técnica. Su participación en el diseño de políticas no es simbólica: es operativa.

La precariedad cotidiana

Mientras esa deuda formal no se salda, las buscadoras viven una precariedad cotidiana que las cifras documentan crudamente. Según el informe de Amnistía:

• Solo 38% de las buscadoras encuestadas ha solicitado medidas de protección al Mecanismo Federal o equivalentes estatales. De las que sí lo solicitaron, una proporción significativa reportó que las medidas fueron insuficientes, llegaron tarde o se cancelaron unilateralmente.

• 27 personas buscadoras han sido asesinadas y al menos tres más desaparecidas en los años recientes. Solo en 2025, seis personas buscadoras —cuatro mujeres y dos hombres— fueron asesinadas.

• 63% de las buscadoras reportó haber recibido amenazas directas vinculadas a su labor.

• 41% reportó haber sido criminalizada o difamada por funcionarios públicos.

• 78% reporta trabajar de forma independiente o en colectivos sin presupuesto institucional, sosteniendo su labor con recursos propios o donaciones puntuales.

Esos números traducen, en lenguaje estadístico, lo que las buscadoras viven en sus territorios: una soledad institucional acompañada por la cercanía de redes solidarias. Lo que sostiene su trabajo no es el Estado: son ellas mismas, sus colectivos, las organizaciones civiles que las acompañan, los pocos periodistas que cubren con respeto y rigor, las redes feministas internacionales que han hecho visible su lucha.

El factor 2025: nuevas violencias

2025 ha sido un año especialmente difícil. Las desapariciones aumentaron 10.5% respecto a 2024 según el informe anual de Amnistía publicado en abril de 2026. El hallazgo del Rancho Izaguirre intensificó la atención mediática sobre el trabajo de las buscadoras pero también, paradójicamente, incrementó las amenazas que reciben: cuando un colectivo gana visibilidad, los actores criminales que protegían los sitios pueden percibirlo como amenaza directa.

Las Guerreras Buscadoras de Jalisco, que protagonizaron el hallazgo del rancho, reportaron en abril, mayo y junio múltiples episodios de hostigamiento, seguimientos, amenazas a sus familiares. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió medidas cautelares para varias de sus integrantes. La CIDH también se pronunció. Pero las medidas concretas en territorio siguen siendo desiguales.

Lo que la Secretaría de las Mujeres podría hacer

La nueva Secretaría de las Mujeres, en su mandato de enero de 2025, anunció una "mesa permanente con colectivos de buscadoras" para coordinar política pública. Esa mesa, hasta el cierre de junio, se había instalado pero no había producido decisiones operativas verificables. Las propias buscadoras presentes en la mesa han exigido tres cosas concretas:

Una. Que la Secretaría empuje formalmente la actualización del Mecanismo de Protección con perspectiva específica para defensoras y buscadoras.

Dos. Que se asignen recursos en el presupuesto 2026 a un fondo específico para proyectos de búsqueda comunitaria, gestionado con participación de las propias colectivas.

Tres. Que se sancione, públicamente y por la vía administrativa, a los funcionarios estatales y municipales que han filtrado información, criminalizado o desprotegido a las buscadoras.

La deuda colectiva

A las mujeres que buscan: gracias por hacer el trabajo que el Estado debería estar haciendo. Por enseñarnos forense, por documentar fosas, por sostener la búsqueda durante años, por convertir el dolor en exigencia política. La deuda que el Estado tiene con ustedes es, también, una deuda colectiva: de los medios que no han cubierto suficiente, de la academia que tarda en sistematizar, de las organizaciones que no han logrado financiamiento estable para apoyarlas, de las y los ciudadanos que pasan al lado de su trabajo sin reconocerlo.

Reconocerlas como defensoras de derechos humanos no es un favor. Es justicia mínima. Y es urgente.

Si vives violencia o necesitas denunciar de forma anónima, ni-una-mas.mx es un espacio seguro.

Fuentes:

• Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras — Amnistía Internacional
• La búsqueda de personas desaparecidas es una labor de alto riesgo — Amnistía
• México mujeres buscadoras: Informe al Comité de la CEDAW — Amnistía
• Las mujeres buscadoras de personas desaparecidas — Amnistía
• Desapariciones en México se incrementaron 10.5% en 2025 — Proceso