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Feminicidios

Sinaloa, primer lugar en feminicidios: cómo la guerra contra el narco mata mujeres

Sinaloa pasó del lugar 12 al primer lugar nacional en feminicidios: 69 casos. La guerra interna del Cártel del Pacífico mata mujeres no involucradas en el conflicto.

Por Guadalupe García
Sinaloa, primer lugar en feminicidios: cómo la guerra contra el narco mata mujeres

Sinaloa, primer lugar en feminicidios: cómo la guerra contra el narco mata mujeres

Publicado el 17 de noviembre de 2025 · Categoría: Feminicidios

Sinaloa, que en 2024 ocupaba el lugar 12 nacional en feminicidios reconocidos, subió al primer lugar nacional en 2025 con 69 casos según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública al cierre del año. Culiacán, capital del estado, encabezó municipios con mayor incidencia. La causa estructural detrás de este desplazamiento histórico tiene un nombre y una geografía concreta: la guerra interna del Cártel del Pacífico, desatada tras la captura de Ismael "El Mayo" Zambada en julio de 2024 y la fragmentación posterior de la organización entre las facciones de Los Mayos y Los Chapitos.

La conexión entre crimen organizado y feminicidios es uno de los patrones menos discutidos —y más urgentes— de la conversación pública en México. Las cifras de Sinaloa de 2025 muestran que la "guerra contra el narco", como se le denominó hace casi dos décadas, sigue cobrando vidas de mujeres en proporciones que la política de seguridad insiste en minimizar.

Lo que cambió en Sinaloa

Hasta 2024, Sinaloa figuraba en los rankings nacionales de feminicidios pero no entre los más altos. La fragmentación interna del Cártel del Pacífico cambió todo. La guerra entre Los Mayos y Los Chapitos —liderados respectivamente por familiares cercanos de Ismael Zambada y de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán— transformó Culiacán y municipios cercanos en escenarios de violencia constante.

Las mujeres no involucradas directamente en el conflicto quedaron en medio. Parejas y exparejas de operadores del cártel. Hermanas, hijas, primas y madres de personas vinculadas a una u otra facción. Mujeres que trabajaban como informantes pagadas o como personal logístico de baja jerarquía. Mujeres que tenían relaciones cruzadas entre facciones (parejas anteriores y actuales en bandos opuestos). Vecinas que escuchaban demasiado. Trabajadoras sexuales que atendían a operadores. Empleadas domésticas en casas de personas señaladas. Comerciantes que se negaban a pagar "piso". Cada una de esas posiciones se volvió, en distintos grados, riesgo letal.

A esto se suma la dimensión específicamente de género de la violencia del cártel: los cuerpos de las mujeres se exhiben como mensaje. Cuando una facción quiere "enviar" un mensaje a otra, una de las formas históricas ha sido el feminicidio público —cuerpos abandonados con notas, exposición en lugares emblemáticos— como advertencia. Las mujeres se vuelven, en esa lógica, mensaje y no víctima.

Las cifras detrás de Culiacán

69 feminicidios tipificados en Sinaloa durante 2025, frente a 26 en 2024. Un crecimiento de aproximadamente 165% en doce meses. Esta cifra solo cuenta los casos que las fiscalías clasificaron específicamente como feminicidio. Los homicidios dolosos de mujer en general crecieron también, aunque a tasas menos dramáticas. Si se considera la suma, Sinaloa tuvo aproximadamente 200 mujeres asesinadas en 2025, una cifra que pone al estado en una crisis humanitaria con dimensión de género específica.

Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Guasave son los municipios con mayor concentración de casos. La distribución geográfica coincide con los polos urbanos donde se concentra la actividad económica del estado y, también, las disputas entre facciones del cártel.

El patrón nacional: feminicidios y crimen organizado

Sinaloa no es excepción. Es ejemplo extremo de un patrón más amplio. Estados con alta presencia de crimen organizado tienden a presentar tasas de feminicidio más altas. Esto incluye Chihuahua, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Estado de México, Jalisco y, ahora, Sinaloa. La correlación no es casual: el control territorial del crimen organizado produce condiciones donde la violencia letal contra mujeres se multiplica.

Algunas de las dimensiones específicas que conectan crimen organizado con feminicidios:

Una. Mujeres como botín o moneda de cambio. En negociaciones entre grupos, en disputas por territorio, en relaciones entre operadores y autoridades cooptadas, las mujeres pueden ser ofrecidas, intercambiadas, "regaladas" en eventos. Cuando alguna se niega o intenta salir de esa lógica, la violencia letal es uno de los mecanismos de control.

Dos. Familiares de operadores como objetivo. Atacar a la madre, hermana, esposa o hija de un operador rival es una forma común de mensaje. Esa violencia diferenciada por género es, en sí misma, feminicidio: la víctima es seleccionada por su relación familiar y por ser mujer (los familiares hombres pueden ser igualmente objetivos pero con otras lógicas).

Tres. Trabajadoras sexuales como víctimas vulnerables. La criminalización del trabajo sexual y la falta de protección sindical o estatal convierte a las trabajadoras sexuales en una de las poblaciones más vulnerables al feminicidio en contextos de crimen organizado.

Cuatro. Empleadas y subordinadas asesinadas para borrar testigos. Cocineras, empleadas domésticas, secretarias, contadoras que conocen demasiado pueden ser asesinadas para evitar que hablen.

Cinco. Migrantes como víctimas invisibilizadas. Las mujeres migrantes que cruzan o se asientan en territorios controlados por el crimen organizado están particularmente expuestas. Sus muertes frecuentemente no se reportan ni se investigan adecuadamente.

La trampa del lenguaje "víctimas colaterales"

El discurso oficial, mediático y a veces académico, suele clasificar muchas de estas muertes como "víctimas colaterales del crimen organizado". Esa categoría diluye la dimensión de género. Una mujer asesinada en una balacera puede registrarse simplemente como "víctima" del enfrentamiento, sin atender que el género de la víctima fue factor relevante en cómo, cuándo y por qué fue atacada.

La perspectiva de género obligatoria implica investigar cada uno de estos casos preguntando si el género influyó en la conducta del agresor o de la víctima. La respuesta, en muchos de los casos, es que sí. Pero las fiscalías suelen no aplicar esa perspectiva, y las cifras quedan en estadísticas generales.

Lo que se puede exigir

Una. Investigación de feminicidios vinculados a crimen organizado con perspectiva específica. No basta con clasificar como "víctima colateral"; cada caso debe analizarse por separado para identificar dimensiones de género.

Dos. Protección estatal a mujeres en zonas de alto conflicto. Sinaloa, particularmente, requiere intervención específica con presupuesto extraordinario, no las medidas estandarizadas de otros estados.

Tres. Refugios y centros de justicia con capacidad ampliada en estados con guerra interna del crimen organizado. La demanda de servicios crece exponencialmente en periodos de violencia aguda.

Cuatro. Protección a familias amenazadas que buscan justicia. En contextos de cártel, las familias de víctimas frecuentemente sufren amenazas adicionales. La protección de su trabajo de búsqueda y denuncia es indispensable.

Cinco. Desarticulación de redes criminales con enfoque de género. Las investigaciones sobre operación de cárteles deben incluir análisis específico de cómo operan los crímenes contra mujeres dentro de su estructura: redes de trata, "cobranza" sexual, control territorial vía amenazas a familias.

A las víctimas y a Sinaloa

A las 69 mujeres tipificadas como víctimas de feminicidio en Sinaloa durante 2025, y a las cientos más cuyos casos quedaron como homicidios comunes: las cargamos en la palabra y en la exigencia. A sus familias, que en este contexto enfrentan violencia adicional para sostener búsquedas y denuncias: gracias por no rendirse. Y a las colectivas sinaloenses, las Rastreadoras del Fuerte, las Madres del Norte, y muchas más: su trabajo en condiciones de peligro extremo es heroísmo cotidiano que merece reconocimiento estructural.

La conversación sobre seguridad pública en México no puede separarse de la conversación sobre feminicidios. Mientras la guerra del cártel siga siendo discutida sin perspectiva de género, las cifras seguirán creciendo.


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Fuentes:

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