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Feminicidios

5,020 asesinatos de mujeres en 10 meses: el subregistro como política

5,020 mujeres asesinadas en diez meses; solo 597 tipificadas como feminicidio. El subregistro no es un error técnico: es decisión política.

Por Edith Pastrana
5,020 asesinatos de mujeres en 10 meses: el subregistro como política

5,020 asesinatos de mujeres en 10 meses: el subregistro como política

Publicado el 22 de septiembre de 2025 · Categoría: Feminicidios

A diez meses de iniciado el año, el corte estadístico es brutal: 5,020 mujeres asesinadas en México de enero a octubre de 2025. De esos casos, solo 597 fueron tipificados como feminicidio, según los datos de Cimacnoticias procesados a partir del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir: aproximadamente 88% de los asesinatos de mujeres no se investigan con perspectiva de género. La cifra es, a la vez, doloroso retrato del fenómeno y prueba de cómo el subregistro funciona en México: no como error técnico aislado, sino como política sistemática de invisibilización.

La diferencia entre cifras

Para entender lo que está en juego, conviene aclarar qué mide cada categoría:

Homicidio doloso de mujer: cualquier asesinato cuya víctima sea mujer, sin distinguir motivos. Es la categoría amplia que captura la totalidad de la violencia letal contra mujeres en el país. La cifra al cierre de octubre 2025: aproximadamente 5,020.

Feminicidio: asesinato de mujer con razones de género. La tipificación requiere acreditar circunstancias específicas: violencia sexual previa, lesiones infamantes, exposición pública del cuerpo, relación entre víctima y agresor (pareja, expareja, conocido), o presencia de discriminación de género en el modo de comisión. La cifra al cierre de octubre 2025: 597.

Diferencia: 4,423 mujeres asesinadas cuyas circunstancias no se investigaron con perspectiva de género o cuya investigación no se condujo de manera tal que se pudieran acreditar los elementos del tipo penal de feminicidio.

¿Por qué el subregistro persiste?

Las explicaciones son varias y se acumulan:

Una: tipificación restrictiva. Cada estado tiene su propio código penal, con criterios específicos para acreditar feminicidio. Algunos estados tienen criterios muy restrictivos (requieren múltiples elementos acumulados). Otros tienen criterios más amplios. La heterogeneidad genera que casos similares en distintos estados se clasifiquen diferente.

Dos: ausencia de perspectiva de género en la primera atención. Cuando llega un cuerpo a una agencia ministerial, las primeras 48 horas son cruciales. Los peritajes, las entrevistas, la cadena de custodia, las preguntas iniciales determinan en gran medida cómo se va a tipificar el caso. Si los ministerios públicos y peritos no tienen formación específica, los elementos del feminicidio se pierden.

Tres: incentivos institucionales. Tipificar como feminicidio implica investigaciones más complejas, plazos más largos, presupuestos mayores, atención mediática crítica. Tipificar como homicidio común permite cerrar el caso más rápido y, cuando hay archivo, archivarlo con menos riesgo político. Los incentivos burocráticos juegan a favor de la subtipificación.

Cuatro: presión política. Cuando una entidad concentra muchos feminicidios tipificados, aparece en los rankings nacionales, recibe escrutinio mediático, enfrenta cuestionamientos al gobernador. Hay incentivo político para que las cifras tipificadas no crezcan demasiado, incluso si la realidad lo amerita.

Cinco: limitaciones de capacidad técnica. Algunas fiscalías estatales operan con plantillas pequeñas, peritos sin equipamiento, laboratorios forenses saturados. La tipificación adecuada requiere recursos que no siempre están.

Lo que dijo la OCNF

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio fue claro al cierre de 2025: "Pese a los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el Estado mexicano, las mujeres siguen enfrentando violaciones sistemáticas a sus derechos humanos." Y agregó algo que importa: "El subregistro no es un error técnico, es una decisión política."

Esa frase resume la postura de las organizaciones civiles. La diferencia entre 5,020 y 597 no es producto de la complejidad técnica del fenómeno: es producto de cómo se decide tipificar caso por caso. Y mientras las decisiones se tomen sin perspectiva de género obligatoria, el subregistro seguirá siendo el resultado.

Lo que se podría hacer

Las propuestas para reducir el subregistro existen y se han llevado a las mesas oficiales por años:

Una. Adoptar un criterio único nacional para la tipificación del feminicidio. La Suprema Corte ha emitido criterios orientadores; falta que los códigos penales estatales se armonicen con esos criterios.

Dos. Hacer obligatoria la perspectiva de género desde el primer momento de la investigación. La instrucción ministerial 022 (que ya existe a nivel federal) debería replicarse en todos los estados con sanciones para incumplimiento.

Tres. Crear un Registro Nacional Único de Víctimas con datos abiertos y comparables entre estados. La heterogeneidad actual no permite un seguimiento adecuado.

Cuatro. Establecer indicadores de calidad de la investigación que las fiscalías deban reportar trimestralmente: tasa de tipificación, plazos de carpetas, calidad de peritajes, resultados procesales.

Cinco. Asignar presupuesto específico para la creación o fortalecimiento de unidades especializadas en feminicidio en cada fiscalía estatal, con personal capacitado, equipamiento adecuado y articulación con organizaciones civiles.

La Secretaría de las Mujeres y la mesa de fiscalías

Como reportamos en febrero, la Secretaría de las Mujeres anunció una mesa permanente con las 32 fiscalías estatales para "armonizar criterios de tipificación". A nueve meses, el avance de esa mesa es modesto. Algunas fiscalías han adoptado protocolos comunes; otras siguen operando con criterios propios. La presión sobre la Secretaría para que haga públicos los resultados trimestrales de la mesa es una de las exigencias activas de las organizaciones civiles.

Las cifras detrás de las cifras

Cinco mil veinte mujeres no son cinco mil veinte estadísticas. Son cinco mil veinte familias destrozadas. Cinco mil veinte casos abiertos en distintos puntos del país. Cinco mil veinte agresores que, en su mayoría, siguen libres o cumplen penas leves. Cinco mil veinte historias que merecen ser contadas con la dimensión de género que el subregistro insiste en negar.

Mientras la diferencia entre 5,020 y 597 persista, el Estado mexicano sigue debiendo a las víctimas y a sus familias el primer paso de la justicia: nombrar lo que pasó.


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Fuentes:

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