Rancho Izaguirre: el horror que destapó el colectivo Guerreros Buscadores
El colectivo Guerreros Buscadores localizó el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Tres hornos crematorios, 1,300 objetos personales, un sitio de exterminio que el Estado conocía y no investigó.
Rancho Izaguirre: el horror que destapó el colectivo Guerreros Buscadores
Publicado el 3 de marzo de 2025 · Categoría: Desapariciones
El 5 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco recibió una llamada anónima. La voz al otro lado dio coordenadas precisas: un rancho en La Estanzuela, municipio de Teuchitlán, donde podían encontrar restos humanos. Lo que encontraron los días siguientes redefinió, para esta y otras generaciones, lo que entendemos por desaparición forzada en México.
Dentro del Rancho Izaguirre había tres hornos crematorios, fragmentos óseos calcinados, más de 1,300 objetos personales —entre ellos 154 pares de zapatos, 140 cobijas, 18 maletas—, ropa, mochilas, identificaciones, cartas. El rancho no fue un punto aislado de violencia: fue, durante al menos tres años (de 2021 a 2024), un centro de adiestramiento forzado y exterminio operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Allí se reclutaba a la fuerza —jóvenes secuestrados de centrales camioneras, de retenes en carreteras, de barrios marginados—, se les sometía a "entrenamiento" bajo tortura, y a quien no servía o intentaba escapar se le ejecutaba y desaparecía en los hornos.
El descubrimiento que el Estado debió hacer
Lo más doloroso del caso Teuchitlán es que el Rancho Izaguirre no era un secreto. La fiscalía estatal de Jalisco había detenido en septiembre de 2024 a diez personas en ese mismo predio, durante un operativo. Los liberó a algunos, procesó a otros, pero no excavó el lugar. La Guardia Nacional había hecho un operativo previo. Hubo registros administrativos, vecinos que denunciaron, llamadas anónimas que llegaron a líneas oficiales y nunca se atendieron. El alcalde del municipio, José Ascensión Murguía, fue señalado meses después por colaborar directamente con el cártel —recibiendo, según la propia investigación de la Fiscalía Anticorrupción, 70 mil pesos mensuales—, ayudando en la captura de víctimas y arrojando restos a una zanja del propio rancho.
Lo que el Estado no pudo —o no quiso— ver durante años, lo encontró un colectivo de madres y padres armado con palas, picos y tablas para distinguir bordes de tierra removida. Esa es la imagen que más duele: el Estado mexicano, con todos sus presupuestos, sus instituciones, sus protocolos, llegó al rancho después de las buscadoras. Y solo porque ellas lo gritaron.
El "exterminio orix"
Periodistas que cubrieron el caso desde marzo —en CNN, Proceso, El Universal, A Dónde Van los Desaparecidos— acuñaron una expresión para describir lo que Izaguirre representó: "exterminio orix". Una manera operativa de desaparecer cuerpos a escala industrial, con infraestructura permanente y rutinas establecidas. Cuando empezaron a aparecer pertenencias de víctimas reportadas como desaparecidas en estados tan distantes como Veracruz, Tabasco, Michoacán y el propio Jalisco, quedó claro que el Rancho Izaguirre no era un punto cualquiera del mapa: era una pieza de una red.
La CIDH llamó al Estado mexicano a "redoblar esfuerzos" en la investigación e identificación de los restos humanos encontrados. La ONU emitió un pronunciamiento similar. El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, que ya tenía a México bajo observación, agregó el caso a sus expedientes prioritarios.
Las víctimas tienen nombres
En las semanas siguientes al hallazgo, familias de seis personas reportadas como desaparecidas en Veracruz identificaron pertenencias en el catálogo del horror. Familias de Tabasco, Michoacán, Jalisco y Guerrero hicieron lo mismo. Las pruebas genéticas comenzaron lentas: la fragmentación y calcinación de los restos hace técnicamente difícil cada identificación. Pero los objetos personales —credenciales, ropa, agendas, cartas— permitieron a varias familias acercarse a una respuesta que llevaban años esperando.
Para las buscadoras, el rancho representa al mismo tiempo una victoria y una herida. Victoria por haber forzado al Estado a reconocer un sitio que él mismo había encubierto. Herida por confirmar que sus hijos, hijas, hermanas y sobrinas, en muchos casos, terminaron allí.
La sentencia que llegaría en julio
En julio de 2025, un tribunal de Aguascalientes (con jurisdicción extraordinaria) condenó a los 10 hombres detenidos en septiembre de 2024 por homicidio calificado y desaparición cometida por particulares. La sentencia fue celebrada como histórica, pero también señaló los pendientes: faltan los responsables de mando del CJNG que ordenaban las operaciones, faltan los funcionarios de los tres niveles de gobierno que protegieron el sitio, y falta —siempre falta— la identificación plena de cada víctima para que cada familia pueda hacer su duelo.
Lo que Teuchitlán nos obliga a entender
El caso Rancho Izaguirre no es excepcional: es representativo. Existen, según colectivas y la propia Comisión Nacional de Búsqueda, indicios de sitios similares en al menos otros diez estados. Lo que cambió en marzo de 2025 no es la existencia del horror, sino la imposibilidad de seguir negándolo. Las imágenes de los hornos, de los zapatos en hilera, de las cobijas dobladas, recorrieron el mundo. La conversación pública sobre desaparición forzada en México se reconfiguró.
Para esta plataforma, Teuchitlán marca una agenda larga: seguimiento puntual a las identificaciones, a las extensiones del proceso judicial, a los nombres y apellidos de los responsables de mando que sigan libres, y a las exigencias de las buscadoras que ahora deben ser tratadas como las defensoras de derechos humanos que son. Volveremos al caso muchas veces este año.
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