Transfeminicidios: la epidemia silenciosa que México se niega a contar

Publicado el 14 de abril de 2025 · Categoría: Especiales

México es el segundo país de América Latina con más transfeminicidios, solo detrás de Brasil. La cifra al cierre del primer trimestre de 2025: al menos 27 mujeres trans asesinadas en lo que va del año, según la documentación del colectivo Transcontingenta y la Asamblea Nacional de Personas Trans y No Binaries. Desde 2024, 68 mujeres trans han sido asesinadas en el país. La estimación de prevalencia es brutal: aproximadamente una de cada 2,200 mujeres trans en México es o será víctima de transfeminicidio.

Y sin embargo, hablar de transfeminicidio sigue siendo difícil. Las fiscalías estatales en su mayoría no lo tipifican. Los medios masivos rara vez lo nombran. Las cifras oficiales no lo registran. La conversación pública sobre violencia contra mujeres trans queda relegada a sus propios círculos, a sus propias colectivas, a sus propios duelos.

La diferencia entre homicidio común y transfeminicidio

Cuando una mujer trans es asesinada, lo que ocurre es, en términos del derecho de los derechos humanos, distinto a otros homicidios. Hay un componente de odio específico —transodio— que motiva la conducta: rechazo a la identidad de género de la víctima, agresión sexual previa con uso de violencia para "castigar" la corporalidad trans, exposición pública del cuerpo como mensaje hacia la comunidad trans, ensañamiento que excede los parámetros de un homicidio "común".

La Ley Paola Buenrostro, aprobada en la Ciudad de México en julio de 2024 y nombrada en honor a una mujer trans asesinada en 2016, tipifica el transfeminicidio como un delito específico, con penas de 35 a 70 años de prisión. Nayarit aprobó una legislación similar en marzo de 2024, con pena máxima de 60 años. Esos son los únicos dos estados en todo el país que reconocen el transfeminicidio como delito particular.

En el resto de las 30 entidades, cuando una mujer trans es asesinada, el caso entra como "homicidio doloso de hombre" (porque las fiscalías insisten en consignar a las víctimas con el nombre y género asignados al nacer), o como "homicidio común", o, ocasionalmente, como "feminicidio" cuando la familia o la colectiva consiguen presionar para que se reclasifique. Esa invisibilización en las cifras oficiales es la base de lo que las activistas llaman, con razón, "epidemia silenciosa".

Agosto de 2025: el mes negro

Si necesitamos un retrato del problema, miremos lo que vendría en agosto de 2025. En un solo mes, al menos siete mujeres trans fueron víctimas de transfeminicidio en México: Eli, Katia, Joseline, Michelle, Montserrat, Guadalupe y Mónica. Siete vidas, siete duelos, siete colectivos golpeados. La violencia tuvo presencia geográfica diversa: Jalisco, Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Tamaulipas. La concentración en pocas semanas no fue producto de un patrón único, sino de la confluencia de violencias estructurales que las mujeres trans ya conocen.

Volveremos a esos siete nombres en agosto, en un texto específico, porque cada una merece su propio espacio. Pero adelantamos algo: la respuesta institucional en cuatro de los siete casos fue inicialmente clasificar como "homicidio común". Las colectivas presionaron, en algunos casos lograron reclasificación, en otros no. Esa es la realidad que la Ley Paola Buenrostro busca cambiar: hacer de la perspectiva trans algo obligatorio, no opcional.

El contexto: ataques al ser, no solo al cuerpo

La violencia contra mujeres trans no comienza con el asesinato. Comienza mucho antes. Comienza en el rechazo familiar a temprana edad, en la expulsión de los hogares en la adolescencia, en la negativa a acceder a educación, salud, trabajo formal. Esa expulsión sistémica empuja a muchas mujeres trans hacia espacios de mayor vulnerabilidad: el trabajo sexual sin protección, la migración interna sin redes de soporte, el consumo de hormonas sin acompañamiento médico, la dependencia económica de figuras abusivas. Cuando llega el asesinato, la víctima ya ha sobrevivido años de violencias previas que el Estado tampoco supo o quiso atender.

La esperanza de vida promedio de una mujer trans en América Latina, según datos de la CIDH, ronda los 35 años. Esa cifra resume todo lo que las cifras de homicidio no alcanzan a contar.

Lo que las colectivas están haciendo

Frente a la inacción institucional, las colectivas trans en México llevan años haciendo lo que el Estado no hace. Documentación rigurosa de cada caso. Acompañamiento a familias y parejas. Apoyo legal pro bono para reclasificación de tipos penales. Memoriales públicos. Denuncia internacional ante la CIDH y los organismos de Naciones Unidas. Capacitación a periodistas para cobertura responsable.

Algunas referencias indispensables: Centro de Apoyo a las Identidades Trans (CAIT), Asamblea Nacional de Personas Trans y No Binaries, Red de Juventudes Trans México, Transcontingenta, Casa de las Muñecas Tiresias. Cada una con su misión, su territorio, su agenda. Todas merecen seguimiento, financiamiento y respeto.

Lo que esta plataforma se compromete

Tres cosas. Primero, nombrar a las víctimas cuando sus colectivas y familias lo autoricen. Segundo, dar seguimiento puntual a los casos que avanzan o se estancan en fiscalías. Tercero, monitorear la implementación de la Ley Paola Buenrostro en CDMX y la capacidad o falta de capacidad de otras entidades para replicarla.

A las compañeras trans que están leyendo: este espacio les pertenece también. Sus duelos son nuestros duelos. Sus exigencias son nuestras exigencias. Y si necesitan denunciar de forma anónima, ni-una-mas.mx también es un canal seguro para ustedes.

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Fuentes: