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Periodistas asesinadas en 2025: nombres que no deben olvidarse

Cinco periodistas mujeres asesinadas en 2025. Memoria, patrones identificados por organizaciones especializadas, y lo que toca exigir al Estado.

Por Carmen Martínez
Periodistas asesinadas en 2025: nombres que no deben olvidarse

Periodistas asesinadas en 2025: nombres que no deben olvidarse

Publicado el 20 de octubre de 2025 · Categoría: Especiales

México vuelve a ocupar lugar entre los países más letales para el ejercicio del periodismo en el mundo. El 2025, particularmente, ha dejado una herida profunda para la prensa mexicana: cinco periodistas mujeres han sido asesinadas en lo que va del año, según el conteo de Artículo 19, organización que monitorea ataques contra la libertad de expresión. La cifra suma a la lista histórica más de 30 periodistas asesinadas en distintas administraciones presidenciales y agudiza la pregunta de fondo: ¿qué Estado es éste, donde quien cuenta lo que pasa muere por contarlo?

Este texto es, ante todo, un acto de memoria. Nombrar a las periodistas asesinadas es la primera resistencia frente a la impunidad que las silenció. Detrás de cada nombre hay un trabajo, una redacción, una comunidad de lectoras y lectores, un proyecto periodístico que se truncó.

Los nombres del año

Este texto no menciona apellidos completos ni circunstancias específicas que pudieran exponer a familias o colegas que aún investigan. Las cifras y patrones reflejan los registros oficiales y los informes de Artículo 19, RSF, ONU-DH, CNDH y otras organizaciones que documentan estos casos.

Cinco periodistas mujeres asesinadas en 2025 hasta cierre de septiembre. Cuatro de ellas trabajaban en estados con altos índices de violencia letal contra el periodismo (Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua). Una en una entidad que aparecía menos en estos registros (Estado de México). Cuatro de los cinco casos involucran cobertura sostenida de temas relacionados con corrupción local, conflictos territoriales y crimen organizado.

Las edades: entre 32 y 51 años. Los medios donde trabajaban: en su mayoría, medios locales y digitales —portales independientes, radios comunitarias, agencias regionales—, no grandes consorcios nacionales. Esa concentración no es casual: el periodismo local es, en términos geográficos y económicos, el más expuesto a la violencia. Los grandes corporativos cuentan con esquemas de protección, abogados, redes corporativas; las y los periodistas locales muchas veces operan con su propio celular como redacción, su propia casa como oficina, sin más respaldo que la solidaridad de colegas.

El patrón

A lo largo de los años, las organizaciones que documentan ataques contra prensa han identificado patrones consistentes en los asesinatos de periodistas mujeres:

Una. Cobertura previa de temas sensibles. La mayoría de las víctimas habían publicado, en las semanas o meses previos, investigaciones sobre crimen organizado, corrupción de funcionarios locales, conflictos territoriales, redes de trata, violencia contra mujeres. La amenaza a su trabajo periodístico precede al asesinato.

Dos. Amenazas previas no atendidas. En la mayoría de los casos, las víctimas habían reportado amenazas previas. Algunas estaban incorporadas al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La efectividad de las medidas de protección sigue siendo desigual, y en varios casos las medidas se revelaron inadecuadas para el contexto territorial específico.

Tres. Impunidad sostenida. Las cifras históricas indican que la impunidad en asesinatos de periodistas en México supera el 95%. Es decir, casi todos los casos terminan archivados sin sentencia firme. Esa impunidad genera incentivos perversos: silenciar a un periodista mediante asesinato es, estadísticamente, una decisión sin consecuencias.

Cuatro. Conflicto entre fiscalías. La distribución de competencias entre fiscalías estatales y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) ha generado, durante años, conflictos jurisdiccionales que ralentizan o paralizan investigaciones.

Cinco. Componente de género específico. Las periodistas mujeres reciben, además de las amenazas estandarizadas que enfrentan sus colegas hombres, violencia digital y verbal de tono sexual: amenazas de violación, difusión de imágenes íntimas, acoso a familiares mujeres. Esa dimensión sexual de la violencia contra periodistas es una capa adicional que el género masculino del oficio enfrenta menos frecuentemente.

Lo que el periodismo significa para la vida de las mujeres

Las periodistas asesinadas no eran solo profesionales del oficio. Eran, en términos políticos sustantivos, defensoras de derechos humanos. Su trabajo de documentar la corrupción local, los abusos territoriales, las violencias estructurales contra mujeres, era —y es— pilar fundamental para que la sociedad mexicana sepa lo que pasa, para que las instituciones rindan cuentas, para que las víctimas tengan voz pública.

Cuando una periodista que cubre feminicidios en una región es asesinada, el efecto inmediato es doble: muere ella, y muere también, parcialmente, el proyecto colectivo de visibilizar la violencia contra mujeres en esa región. Las colegas que sobreviven enfrentan miedo, autocensura, dificultad para sostener investigaciones de continuidad. La impunidad funciona, en este sentido, como mecanismo eficiente de control narrativo.

Lo que toca exigir

Una. Investigación efectiva de cada caso, con plazos públicos, líneas de investigación claras y sanciones a quien corresponda, incluyendo cuando los responsables sean funcionarios públicos.

Dos. Reformulación del Mecanismo Federal de Protección con perspectiva de género específica para periodistas mujeres: protección frente a violencia digital sexual, protocolos para amenazas a familiares, reconocimiento del trabajo periodístico como defensa de derechos humanos cuando aplique.

Tres. Aumento del presupuesto del Mecanismo. Las plantillas y los recursos actuales no alcanzan para la magnitud del problema.

Cuatro. Coordinación clara entre fiscalías estatales y FEADLE, con criterios públicos sobre cuándo cada instancia interviene y cómo se evita conflicto jurisdiccional.

Cinco. Sanciones a funcionarios estatales y locales que filtran información, criminalizan o desproveen de servicios a periodistas en riesgo. La cadena de complicidades institucionales debe romperse.

Seis. Apoyo financiero sostenido a medios locales, especialmente a los que cubren feminicidios, desapariciones, violencia institucional. La precariedad económica de muchos medios locales es uno de los factores que los hacen vulnerables.

La memoria no se cierra

A las periodistas asesinadas en 2025 y a las que han caído antes: este texto es memoria. No es justicia, porque la justicia debería darla el Estado y no llega. No es reparación, porque eso le toca al sistema. Es, apenas, un acto de no olvido.

A las colegas que siguen el oficio aún sabiendo el riesgo: gracias. Su trabajo es indispensable. La sociedad mexicana tiene una deuda con ustedes. Y a las familias de las víctimas: las acompañamos en la palabra y en la exigencia. Que algún día —ojalá pronto— la justicia llegue, aunque sea tarde.


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Fuentes:

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