Trabajadoras sexuales: derechos pendientes
Las trabajadoras sexuales en México siguen siendo una de las poblaciones más expuestas a violencia letal y a impunidad institucional. Sus exigencias específicas en 2024.
Trabajadoras sexuales: derechos pendientes
Publicado el 6 de mayo de 2024 · Categoría: Especiales
En México hay aproximadamente medio millón de personas trabajadoras sexuales, según estimaciones de organizaciones civiles especializadas. La inmensa mayoría son mujeres, frecuentemente madres jefas de familia, con escolaridad limitada y sin acceso a redes de protección formal. Una parte significativa son mujeres trans, mujeres migrantes (de Centroamérica, Sudamérica, Caribe) y mujeres indígenas que han migrado a centros urbanos. La intersección entre trabajo sexual, género, identidad de género, etnicidad y condición migratoria produce una vulnerabilidad cualitativamente distinta —y agravada— frente a otras poblaciones expuestas a violencia.
Para 2024, esta plataforma quiere abrir la conversación sobre derechos pendientes: porque las trabajadoras sexuales son una de las poblaciones más expuestas a feminicidio, transfeminicidio, trata, hostigamiento policial, criminalización y exclusión de servicios de salud. Y porque sus exigencias rara vez aparecen en la agenda pública con la centralidad que merecen.
La criminalización ambigua
México tiene un marco legal ambiguo sobre el trabajo sexual. No es un delito en sí mismo (el artículo 16 constitucional protege la libertad de las personas), pero existen tipos penales conexos —lenocinio, trata, explotación sexual infantil— que se aplican con criterios variables. Los estados tienen códigos distintos: algunos sancionan administrativamente la "exhibición pública" del trabajo sexual; otros la regulan parcialmente en zonas designadas; otros la persiguen activamente.
La consecuencia práctica es que las trabajadoras sexuales operan en una zona gris que las expone a:
Hostigamiento policial cotidiano: detenciones arbitrarias, extorsión, violencia sexual por parte de elementos uniformados, robo de pertenencias.
Criminalización del entorno: clientes que pueden ser detenidos, lugares donde trabajan que pueden ser cerrados, vivienda donde residen que puede ser revisada.
Exclusión de protección estatal: cuando son víctimas de delito (asalto, violación, feminicidio), su denuncia frecuentemente no se procesa con la seriedad que recibirían otras víctimas. La revictimización por parte de ministerios públicos es la regla.
Imposibilidad de organizar laboralmente: sin reconocimiento del trabajo sexual como actividad económica, no hay sindicatos, no hay seguridad social, no hay derechos laborales estándar.
La doble violencia
Las trabajadoras sexuales viven, además de la violencia genérica que enfrentan todas las mujeres, violencias específicas vinculadas a su trabajo:
Asesinatos sin investigación: muchos feminicidios de trabajadoras sexuales se clasifican como "homicidios comunes" o se archivan como "ajuste de cuentas". La perspectiva de género rara vez se aplica.
Violencia de clientes: agresiones físicas, sexuales y verbales sin posibilidad de denunciar (porque la denuncia las expone).
Violencia institucional: hostigamiento de funcionarios estatales, especialmente policías municipales y federales que operan en zonas de trabajo sexual.
Trata y explotación: redes que reclutan a mujeres con engaños o coacción y las explotan sexualmente. El umbral entre trabajo sexual voluntario y trata frecuentemente se borra en la práctica jurídica.
Las organizaciones que sostienen
Frente a la inacción institucional, las trabajadoras sexuales mexicanas han construido sus propias organizaciones:
Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, fundada por Elvira Madrid en CDMX, trabaja desde hace décadas en derechos humanos, salud y autoorganización de trabajadoras sexuales.
Asociación en Pro Apoyo a Servidores (APROASE), en CDMX, articula a trabajadoras sexuales para defensa colectiva.
Red Mexicana de Trabajo Sexual, que articula colectivos en distintos estados.
Casa Xochiquetzal, refugio para trabajadoras sexuales mayores en CDMX, modelo único en América Latina.
Estas organizaciones llevan años empujando una agenda de derechos que el Estado mexicano sigue sin atender plenamente.
Las exigencias
Las exigencias específicas de las organizaciones de trabajadoras sexuales en México:
Una. Despenalización integral del trabajo sexual entre personas adultas que consienten. No regularización (que implica restricciones, zonificación, registros que las expone), sino despenalización plena que reconozca su trabajo como actividad legítima.
Dos. Acceso pleno a salud pública sin estigmatización. Pruebas de ITS gratuitas y voluntarias. Atención psicológica especializada. Servicios de salud reproductiva.
Tres. Investigación de feminicidios y transfeminicidios contra trabajadoras sexuales con perspectiva de género específica. Sanción a fiscales que archivan casos sin investigar.
Cuatro. Refugios y apoyos sociales específicos para trabajadoras sexuales en situación de violencia o que decidan dejar el oficio.
Cinco. Diferenciación clara entre trabajo sexual voluntario y trata. Las redes de trata deben ser combatidas; las trabajadoras sexuales adultas que ejercen voluntariamente no son víctimas de trata por definición.
Lo que esta plataforma se compromete
Vamos a darle continuidad a esta conversación durante 2024 y los años por venir. Las víctimas trabajadoras sexuales aparecen, frecuentemente, sin nombre en las cifras de feminicidios. Vamos a nombrarlas cuando sus colectivas lo autoricen. Vamos a citar sus exigencias. Vamos a sostener la presencia pública de un sector que el Estado mexicano sigue queriendo invisibilizar.
A las trabajadoras sexuales mexicanas: este espacio les escucha. Y ni-una-mas.mx es canal seguro para denuncia y acompañamiento.
Si vives violencia o necesitas denunciar de forma anónima, ni-una-mas.mx es un espacio seguro.
Fuentes:
¿Esta historia te resuena?
Puedes compartir tu testimonio o denuncia de forma anónima. No pedimos nombre, correo ni teléfono.
Enviar denuncia anónima →
