Defensoras del territorio: México, segundo lugar en asesinatos

Publicado el 31 de marzo de 2025 · Categoría: Especiales

México es el segundo país de Mesoamérica con más asesinatos de defensoras ambientales. Solo Honduras lo supera. Entre 2018 y 2024, siete mujeres indígenas defensoras fueron asesinadas en Oaxaca, todas triquis. Entre 2016 y 2024, al menos 35 defensoras de la tierra fueron asesinadas en Mesoamérica, con México concentrando un tercio de esos crímenes. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) registran, además, casi 900 agresiones contra defensoras de la tierra en apenas dos años. Esa cifra incluye amenazas, agresiones físicas, criminalización judicial, desplazamientos forzados, hostigamiento sexual y, en el extremo del espectro, los asesinatos.

Quiénes son y qué defienden

Las defensoras del territorio en México son, en su mayoría, mujeres indígenas y campesinas que se organizan para frenar megaproyectos sobre tierras comunales: minería a cielo abierto, hidroeléctricas, parques eólicos sin consulta, presas, gasoductos, agroindustrias, corredores logísticos, despojos turísticos. Son las mujeres que en asambleas comunitarias toman la palabra, las que firman amparos, las que se paran frente a las maquinarias, las que rastrean los contratos opacos entre autoridades locales y empresas. Son, también, las que reciben las amenazas primero, las que enfrentan las difamaciones, las que ven cómo sus familias quedan vulnerables cuando se atreven a alzar la voz.

Sus nombres son una lista que duele recordar. Bety Cariño, mixteca, asesinada en 2010 en Oaxaca. Bertha Cáceres, lenca hondureña, asesinada en 2016 (no es mexicana pero su muerte resuena en la región). Dora Tovías, defensora del Yaqui, desaparecida. Irma Galindo, mixteca, desaparecida en Oaxaca en 2021. Rosa Mago, Mariana Sánchez, Mauricia Trujillo: tres de las siete triquis asesinadas en Oaxaca en años recientes. Y muchas más cuyas identidades, por seguridad de sus familias, no se hacen públicas.

La violencia tiene un patrón: los megaproyectos

Lo que conecta los casos no es coincidencia geográfica: es el conflicto por el territorio. La mayoría de las defensoras asesinadas o desaparecidas estaban activamente oponiéndose a un proyecto extractivo, energético o de infraestructura. Los estados con mayor riesgo —Oaxaca, Chiapas, Puebla, Guerrero, Sonora, Estado de México, Veracruz, Chihuahua— son también los estados donde se concentran los megaproyectos federales y las concesiones mineras y energéticas.

Esa correlación obliga a un análisis estructural. La violencia contra las defensoras no es producto de "delincuencia común" —como suelen clasificarla las primeras versiones oficiales—; es producto de un modelo de desarrollo que privilegia la inversión privada o paraestatal sobre los derechos colectivos de las comunidades. Cuando una defensora denuncia un proyecto, está enfrentando intereses económicos concretos. Quienes la atacan suelen ser, indirectamente, agentes vinculados a esos intereses: pequeños grupos armados, paramilitares de comunidades cooptadas, sicarios contratados, autoridades locales corruptas.

El Estado y su deuda

El Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras y Periodistas existe desde 2012. Tiene presupuesto, plantilla y oficina. Y tiene, también, una serie de fallas estructurales que las propias defensoras han documentado: presupuesto insuficiente para el número creciente de personas que requieren protección, formación intercultural escasa entre el personal, medidas de protección estandarizadas que no se adaptan a contextos rurales (un escolta no sirve cuando la defensora vive a seis horas de la cabecera municipal y donde la policía local está cooptada), y filtraciones de información que ponen en riesgo a quienes el propio Mecanismo debería proteger.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha recomendado expresamente al Estado mexicano reconocer formalmente a las buscadoras y defensoras como personas defensoras de derechos humanos, con todas las garantías que ese estatus implica. El cumplimiento de esa recomendación sigue siendo parcial.

En 2025, con la nueva Secretaría de las Mujeres operando y con el discurso oficial del Año de las Mujeres Indígenas, hay una ventana política que las propias organizaciones están aprovechando para empujar reformas: ampliación presupuestaria del Mecanismo, creación de protocolos de protección con perspectiva intercultural, sanción a funcionarios que filtran información a agresores, y articulación efectiva con las fiscalías estatales para investigar los crímenes.

Las defensoras siguen

A pesar de los riesgos —y muchas veces a costa de su propia vida o de la de sus familias—, las defensoras siguen. En la Sierra Norte de Puebla, mujeres totonacas frenaron una minera el año pasado. En la Sierra Mazateca, mujeres mazatecas mantienen vigilia permanente sobre los caminos comunales. En Sonora, las mujeres comcáac y yaquis defienden el Mar de Cortés frente a proyectos extractivos. En Oaxaca, las mujeres triquis cuyas hermanas, madres e hijas fueron asesinadas, no se han ido.

Esta plataforma se compromete a darles seguimiento puntual. A nombrarlas cuando viven y, si llega ese momento que esperamos no llegue, también cuando ya no. Porque su trabajo es el cuidado de la tierra que es de todas. Y porque la deuda con ellas es una deuda colectiva que no podemos ignorar.

Si vives violencia o necesitas denunciar de forma anónima, ni-una-mas.mx es un espacio seguro.

Fuentes:

• Mujeres son la última defensa de los bienes naturales — Oxfam México
• México, segundo en asesinatos de defensoras ambientales — Proceso
• Las mujeres defensoras en México, las matan o las desaparecen — Lado B
• Casi 900 agresiones contra defensoras de la tierra — Infobae
• Aumentan agresiones contra defensores del medio ambiente — CEMDA