Anabela Carlón y las defensoras del territorio yaqui
Anabela Carlón Flores defiende territorio yaqui en Sonora con liderazgo histórico. Las defensoras indígenas siguen siendo el eslabón más expuesto del activismo ambiental mexicano.
Anabela Carlón y las defensoras del territorio yaqui
Publicado el 29 de julio de 2024 · Categoría: Especiales
En Vícam Pueblo, Sonora, en territorio yaqui, Anabela Carlón Flores ha sostenido durante años una de las defensas más significativas del territorio indígena en el norte de México. Abogada bilingüe (yaqui y español), defensora de derechos del pueblo yaqui contra megaproyectos, contra la criminalización de líderes y contra el despojo del río Yaqui, Anabela representa una generación de defensoras indígenas que articulan derecho positivo, derecho propio, organización comunitaria y voz pública. En 2024, mientras la administración federal sale y entra, las luchas yaquis continúan: por agua, por territorio, por reconocimiento, por seguridad.
Esta semana queremos detenernos en Anabela como entrada a una conversación más amplia: las defensoras indígenas del norte de México son el eslabón más expuesto de la defensa ambiental y territorial, y su trabajo no recibe la atención mediática ni la protección institucional que merece.
Quién es Anabela Carlón
Anabela Carlón Flores nació en Vícam Pueblo, una de las ocho comunidades tradicionales del pueblo yaqui en Sonora. Estudió derecho con un objetivo claro: aplicar el conocimiento jurídico a la defensa de su pueblo. Su trabajo se ha desarrollado en varios frentes:
Defensa contra el Acueducto Independencia: el megaproyecto que desvía agua del río Yaqui hacia Hermosillo enfrentó resistencia organizada del pueblo yaqui. Anabela formó parte del equipo legal que llevó casos a tribunales federales y a instancias internacionales. La SCJN ha emitido fallos parciales reconociendo derechos del pueblo yaqui aunque la implementación sigue pendiente.
Defensa de líderes criminalizados: durante la lucha contra el Acueducto Independencia, varios líderes yaquis fueron criminalizados por las autoridades estatales (cargos de "secuestro" por instalar bloqueos en territorio propio, entre otros). Anabela y otras defensoras articularon defensa legal que logró liberaciones.
Articulación con organizaciones nacionales: el pueblo yaqui mantiene relaciones con organizaciones como CMDPDH, Tlachinollan, Centro Prodh, así como con el sistema interamericano. Anabela ha sido voz en esa articulación.
Defensa contra desapariciones: el pueblo yaqui ha enfrentado desapariciones de líderes y activistas. Casos como el de Tomás Rojo (desaparecido en 2021, encontrado sin vida) marcaron al movimiento. Anabela y otras defensoras han documentado y litigado.
Reconocimiento del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui: la administración López Obrador anunció en 2021 un Plan de Justicia que reconocía despojos históricos y proponía reparación. La implementación ha sido parcial y con retrasos. Anabela y el pueblo yaqui mantienen exigencia.
El secuestro y los riesgos
En 2016, Anabela Carlón y su esposo, Isabel Lugo, también defensor yaqui, fueron secuestrados por hombres armados en territorio yaqui. Permanecieron retenidos durante varias horas, fueron interrogados sobre su trabajo de defensa y liberados con amenazas. El caso fue documentado por organizaciones nacionales e internacionales como ejemplo del riesgo creciente para defensoras indígenas.
Tras el secuestro, Anabela aceptó medidas cautelares de la CIDH y posteriormente del Mecanismo Federal de Protección. Sin embargo, las medidas operativas son limitadas: protección perimetral en momentos puntuales, contacto periódico con el Mecanismo, sin presencia permanente. La protección efectiva en territorio rural es estructuralmente difícil.
A pesar de los riesgos, Anabela ha sostenido su trabajo. Es una decisión que muchas defensoras toman: continuar a pesar del costo personal porque retirarse equivale a abandonar a las comunidades.
Las defensoras yaquis y del norte
Anabela no es figura aislada. El pueblo yaqui y otros pueblos del norte (rarámuri, comca'ac, o'odham, kumiai, mayos) tienen redes de defensoras que operan articuladamente:
En el pueblo rarámuri (Chihuahua): defensoras como Julia Quezada y otras que enfrentan criminalidad organizada, despojo territorial por minería y deforestación, desplazamiento forzado.
En la sierra de Sonora: defensoras del río Sonora frente a contaminación minera (caso Buenavista del Cobre/Grupo México), defensoras de comunidades comca'ac (seris).
En Baja California: defensoras kumiai y kiliwa frente a despojo de tierras costeras y proyectos turísticos.
En el desierto de Sonora: defensoras frente a redes de tráfico de migrantes y violencia asociada en zonas fronterizas.
Estas defensoras frecuentemente trabajan con presupuestos cercanos a cero, con amenazas constantes, con presión institucional, y con cobertura mediática prácticamente nula salvo cuando hay tragedia.
El costo del activismo en el norte
México es uno de los países más peligrosos del mundo para defensoras y defensores ambientales. Global Witness y otras organizaciones lo documentan año tras año. En el norte específicamente, el cruce entre criminalidad organizada, megaproyectos, presión territorial y debilidad institucional produce condiciones de riesgo extremo.
Algunas cifras:
Defensoras asesinadas: en años recientes, México ha registrado entre 20 y 30 defensoras asesinadas anualmente, con sub-registro probable. Las indígenas están sobre-representadas.
Defensoras desaparecidas: cifra menor pero presente. Casos como Tomás Rojo (yaqui, 2021), Irma Galindo (Oaxaca, 2021, desaparecida) muestran patrón.
Defensoras criminalizadas: docenas de procesos abiertos contra defensoras por delitos fabricados (secuestro, despojo, sabotaje) que buscan paralizar su trabajo.
Defensoras desplazadas: muchas tienen que abandonar sus territorios temporalmente cuando el riesgo es máximo.
Lo que toca exigir
Una. Mecanismo Federal de Protección con capacidad operativa real en territorio rural e indígena, no solo respuesta urbana.
Dos. Reconocimiento formal de defensoras indígenas como personas defensoras con protocolos específicos que consideren contexto rural, lengua, articulación comunitaria.
Tres. Justicia transicional para casos pendientes: Tomás Rojo, otras víctimas, casos archivados. La impunidad es señal a futuros agresores.
Cuatro. Implementación efectiva del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui: agua, tierras, territorio, reparación.
Cinco. Protección a familias de defensoras: el costo familiar del activismo es alto. Hijos, parejas, madres deben tener protección.
Seis. Cobertura mediática sostenida: la atención solo después de la tragedia llega tarde. Las defensoras necesitan visibilidad antes.
Lo que esta plataforma sostiene
A Anabela Carlón Flores: gratitud por sostener trabajo que pocas mexicanas hacen y que el país necesita. A las defensoras yaquis y del norte: este espacio es suyo. Vamos a darle seguimiento a sus luchas, a sus exigencias, a sus pendientes. Las defensoras indígenas son centro, no margen.
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