Yucatán despenaliza el aborto: avances en la península

Publicado el 7 de abril de 2025 · Categoría: Derechos reproductivos

El Congreso de Yucatán aprobó la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta las 12 semanas de gestación. La votación, en abril de 2025, convirtió a Yucatán en una de las entidades más recientes en sumarse al mapa de derechos reproductivos del país. Para las colectivas que llevan más de una década organizándose en la península, fue un día largo y emocionante. Marea Verde Yucatán, Las Insumisas, Asamblea por Tu Decisión y otras organizaciones locales acompañaron la sesión con presencia masiva en el Congreso, vigilias afuera del edificio y una conferencia de prensa al cierre que recordó el trabajo de quienes ya no están: María del Carmen Pérez, militante histórica del feminismo yucateco, fallecida en 2023, fue nombrada y aplaudida.

Por qué Yucatán importa

Yucatán es un estado simbólicamente importante en la historia conservadora mexicana. Durante décadas estuvo gobernado por el PAN, con una clase política tradicionalmente alineada con sectores religiosos católicos. La Iglesia, en alianza con grupos evangélicos crecientes, había logrado bloquear iniciativas similares en años anteriores. Que la despenalización pasara este año marca, además del cambio legal, un cambio cultural que la sociedad civil yucateca venía construyendo desde hace años: encuestas, foros públicos, presencia académica y consensos en sectores como la salud y la educación que, sumados, tornaron políticamente inviable seguir negando el derecho.

Con Yucatán ya despenalizada, la península mexicana completa una transformación notable: Quintana Roo (2022) + Yucatán (2025). Solo Campeche, que despenalizó en febrero, completaría el trío peninsular. Tres entidades del sureste del país que durante años fueron descritas como "imposibles" para los derechos reproductivos hoy reconocen formalmente la IVE como derecho. La península se vuelve, así, una geografía de avance.

Lo que sigue: implementación

Como hemos repetido en este espacio, la despenalización es solo la condición necesaria. La implementación es la disputa que sigue. Yucatán enfrenta el mismo desafío que enfrentaron en su momento Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo, Sinaloa y todas las demás: traducir la conquista legal en acceso real.

Las primeras semanas tras la despenalización suelen verse así: hospitales públicos que aún no tienen capacitación; personal médico que declara objeción de conciencia individual y, en algunos casos, intenta hacerla institucional; consejería ausente o sesgada por convicciones religiosas; abasto de medicamentos (misoprostol y mifepristona) irregular; falta de protocolos para atención a niñas y adolescentes víctimas de violación; falta de presupuesto etiquetado.

Las colectivas yucatecas ya identificaron, antes incluso de que la ley pasara, los hospitales públicos donde anticipan resistencias. La estrategia del próximo año será mapeo, presión y litigio: documentar dónde se niega el servicio, levantar quejas formales con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y, cuando proceda, judicializar para obligar el cumplimiento. Es la misma ruta que han recorrido las redes feministas en otros estados.

La objeción de conciencia y sus límites

Una de las disputas más importantes que viene en Yucatán —como en todo estado recién despenalizado— es la objeción de conciencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios claros: la objeción es individual, no institucional; el personal médico que objeta debe registrarse formalmente; y los hospitales tienen la obligación de garantizar el servicio aunque varios miembros de su personal objeten, trayendo, si fuera necesario, profesionales de otra unidad.

En la práctica, esos criterios se respetan poco. Hay hospitales completos donde "todos" objetan. Hay registros administrativos opacos. Hay personal que objeta verbalmente sin haberlo formalizado. El resultado: la persona gestante termina derivada a una clínica privada o a una red feminista. La Secretaría de Salud federal tiene la obligación de hacer cumplir esos criterios. Es una de las cosas que vamos a auditar en 2025.

El precio del retraso

Mientras los estados van avanzando uno por uno, hay un costo silencioso: las personas gestantes que durante los años que tardan las legislaturas tuvieron que viajar a otros estados, recurrir a redes informales, o llevar embarazos no deseados a término. Entre 2007 y 2024, más de 72 mil personas viajaron desde el Estado de México a la Ciudad de México para acceder al servicio cuando era el único estado donde estaba garantizado. Esa cifra ilustra la dimensión: cada año de retraso en una entidad significa miles de personas pagando con tiempo, dinero, salud emocional y, en algunos casos, salud física, el peso de una negativa institucional.

La lista pendiente

Quedan, al cierre de abril de 2025, ocho estados que mantienen la criminalización del aborto: Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala. Algunos de ellos tienen iniciativas en sus congresos que podrían avanzar este año (Tlaxcala despenalizaría a fin de año por mandato de la Corte). Otros enfrentan resistencias políticas mayores. En cualquier caso, las colectivas locales siguen empujando: Las Tlaxcaltecas, Las Tamaulipecas, Marea Verde Querétaro, Frente Pro Derechos NL, y muchas más, organizadas, articuladas y firmes.

A Yucatán, gracias por sumarse. A las que siguen empujando en estados pendientes, ánimo. La conquista no se devuelve, pero tampoco se garantiza sola: hay que sostenerla con presión organizada, con datos, con litigio, con presencia. Y tarde o temprano, también, con presupuesto público que la Secretaría de las Mujeres tiene que comprometer.

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Fuentes: