Aguascalientes retrocede: cuando el aborto se vuelve a criminalizar

Publicado el 14 de julio de 2025 · Categoría: Derechos reproductivos

A finales de junio, el Congreso de Aguascalientes presentó la iniciativa que se votaría finalmente el 28 de agosto de 2025: reducir el plazo de la interrupción voluntaria del embarazo de 12 a 6 semanas de gestación. Si la votación pasa, Aguascalientes se convertirá en la primera entidad de la historia reciente de México que retrocede en un derecho reproductivo ya conquistado. Las colectivas locales —Marea Verde Aguascalientes, Frente Amplio por la Vida Digna, Las Insurrectas— iniciaron desde el día del anuncio una campaña sostenida de presión: marchas, vigilias, presencia diaria en el Congreso, comunicación con medios nacionales e internacionales.

Las colectivas saben lo que está en juego. Reducir el plazo a 6 semanas equivale, en términos prácticos, a recriminalizar el aborto. La mayoría de las personas no saben que están embarazadas a las 6 semanas. Las pruebas confiables empiezan a dar resultados positivos consistentes a las 5. Quien tenga ciclos irregulares, quien esté usando un método anticonceptivo y haya sospechado un retraso atribuible al método, quien haya sido víctima de violación reciente y aún no haya logrado acceder a una ruta institucional, queda fuera del plazo. Aguascalientes pasaría, en una sola votación, de tener un derecho a tener una ficción.

El contexto: cómo llegó la iniciativa

Aguascalientes había despenalizado el aborto en 2023, después de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tumbó los artículos punitivos de su código penal. La despenalización fue resultado de litigio estratégico, no de votación legislativa. Eso es relevante: significa que el Congreso local nunca se sumó políticamente a la conquista; simplemente aceptó, a regañadientes, lo que la Corte les imponía.

Cuando la composición del Congreso cambió tras la elección intermedia, la mayoría conservadora vio la oportunidad de revertir lo que la Corte había impuesto. La estrategia fue ingeniosa: en lugar de criminalizar nuevamente el aborto —lo que sería abiertamente inconstitucional—, redujeron el plazo a uno tan estrecho que en la práctica nadie podría acceder al servicio. La técnica jurídica busca evadir el escrutinio constitucional manteniendo la apariencia de despenalización.

La respuesta de las colectivas

Marea Verde Aguascalientes y otras colectivas locales movilizaron en apenas semanas una respuesta integral. Tres líneas paralelas:

Movilización social. Convocatorias a marchas semanales en la capital del estado. La marcha más numerosa, en el día de la votación final, reunió a más de 5 mil personas en una entidad pequeña. Las colectivas mexicanas de otros estados enviaron contingentes solidarios. La presencia internacional, vía representaciones diplomáticas y redes feministas regionales, sostuvo cobertura mediática mundial.

Litigio constitucional. El día siguiente a la votación, las colectivas presentaron amparos colectivos. Argumentaron, con apoyo de organizaciones como GIRE, IPAS y Marie Stopes, que la reducción a 6 semanas viola el derecho a la salud, el derecho a la autonomía corporal, y los precedentes establecidos por la propia SCJN en sus resoluciones previas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también presentó una acción de inconstitucionalidad.

Comunicación pública. Una campaña sostenida con datos: cuántas personas no podrían acceder al servicio si la reforma se aplica, cuántos años de litigio costaría reconquistar el derecho, qué consecuencias sanitarias —aumento de abortos clandestinos, complicaciones obstétricas, mortalidad materna— tendría el retroceso.

Lo que está en juego más allá de Aguascalientes

La importancia del caso trasciende los límites de la entidad. Si la SCJN avala la reforma de Aguascalientes, se abre la puerta a estrategias similares en otros estados conservadores. Cualquier mayoría legislativa hostil a los derechos reproductivos podría reducir plazos en lugar de criminalizar abiertamente. Los estados despenalizados quedarían en riesgo permanente.

Si, por el contrario, la SCJN tumba la reforma como inconstitucional, sienta un precedente de blindaje: la conquista del derecho reproductivo no puede revertirse por simple cambio de mayorías. Las 22 entidades despenalizadas ganan estabilidad jurídica.

Esa decisión —que la SCJN tomará en los próximos meses— es uno de los procesos jurídicos más importantes del año en materia de derechos de las mujeres en México. Y será el primer test serio del Pleno electo por voto popular: cinco juezas en la Suprema Corte, una mayoría que las redes feministas votaron con la esperanza de que blindara las conquistas.

Lo que dicen las cifras del retroceso

En las primeras semanas tras el anuncio de la iniciativa, las llamadas a líneas de acompañamiento (como la de Las Libres, Marea Verde, IPAS) crecieron exponencialmente desde Aguascalientes. Personas gestantes que ya estaban en el sexto, séptimo, octavo mes de embarazo expresaban temor de que la reforma afectara sus derechos retroactivamente (no aplica, pero el desconcierto jurídico se difundió). Personas en plazos avanzados de embarazos no deseados aceleraron sus decisiones. Otras, ante la incertidumbre, recurrieron a redes informales menos seguras.

El costo humano de los meses entre el anuncio y la posible resolución de la Corte es real. Cada semana que pasa con incertidumbre jurídica significa decisiones tomadas en condiciones de menor información, menor seguridad, mayor vulnerabilidad emocional.

La lección: vigilancia permanente

La conquista de derechos no es lineal ni irreversible. Aguascalientes lo demuestra. Lo que tomó años de litigio puede revertirse en una sola votación si las condiciones políticas cambian. Eso obliga a una conclusión incómoda: las colectivas no pueden bajar la guardia ni en estados ya despenalizados. La vigilancia es permanente, los litigios son sostenidos, la presencia pública debe mantenerse incluso cuando parezca que la pelea ya se ganó.

A las colectivas de Aguascalientes: solidaridad activa. A la SCJN: la decisión sobre este caso es de las más importantes que tomará en el año. A las personas gestantes que viven en Aguascalientes y enfrentan la incertidumbre: las redes de acompañamiento siguen operando, los plazos legales actuales siguen vigentes hasta que la Corte se pronuncie, y los servicios en estados vecinos —Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí— están disponibles. Si necesitas información, ni-una-mas.mx es también un espacio seguro.

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Fuentes: