Tabasco se suma: 22 entidades garantizan el aborto legal

Publicado el 5 de mayo de 2025 · Categoría: Derechos reproductivos

Tabasco aprobó la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Con esta votación, el conteo nacional llegó a 22 entidades que reconocen formalmente el derecho. La conquista en Tabasco fue particularmente significativa: la entidad había sostenido durante años una posición conservadora en derechos reproductivos, con una clase política tradicionalmente alineada con sectores religiosos. Las colectivas locales —Marea Verde Tabasco, Las Mujeres de la Chontalpa, Frente Amplio por la Vida Digna— habían empujado la iniciativa durante varios años con marchas, foros y litigios estratégicos. La sesión del Congreso estatal del 1 de mayo cerró con aplausos y, también, con vigilias en memoria de quienes ya no estaban para ver el resultado.

El mapa actualizado

Con Tabasco, la lista de entidades despenalizadas en orden cronológico es: Ciudad de México (2007), Oaxaca (2019), Veracruz (2021), Hidalgo (2021), Baja California (2021), Colima (2022), Sinaloa (2022), Guerrero (2022), Baja California Sur (2022), Quintana Roo (2022), Aguascalientes (2023, con retroceso pendiente), Coahuila (2023), Estado de México (2024), Jalisco (2024), Puebla (2024), San Luis Potosí (2024), Michoacán (2024), Zacatecas (2024), Chiapas (2024), Chihuahua (2025), Nayarit (2025), Campeche (2025), Yucatán (2025) y Tabasco (2025). Tlaxcala se sumaría a fin de año por mandato de la Suprema Corte.

Quedan, al cierre de mayo, siete estados que aún criminalizan: Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora y Tamaulipas. La presión sobre cada uno tiene su propia dinámica. En Querétaro hay iniciativas en discusión. En Tamaulipas y Nuevo León, la oposición política conservadora sigue siendo fuerte. Guanajuato ha sido históricamente el estado más resistente: cabildos vinculados al PAN tradicional y presencia activa de organizaciones religiosas que organizaron contramarchas masivas durante años.

Lo que cambia con 22 entidades

Tener 22 estados despenalizados significa, en términos prácticos, que más de dos tercios de las personas gestantes del país viven en jurisdicciones donde la IVE es legal. Eso es histórico. Hace apenas cinco años el porcentaje era radicalmente menor. La conquista por estados ha sido más rápida que la conquista federal: a pesar de que la Suprema Corte invalidó los artículos federales en 2023, la armonización completa de servicios en hospitales del IMSS, ISSSTE y demás redes federales sigue siendo desigual.

La pregunta que ya circula entre activistas, abogadas y legisladoras: ¿es momento de una despenalización federal explícita que armonice todas las normas? La respuesta es matizada. Por un lado, sí: una ley federal cerraría definitivamente el debate y obligaría a estados rezagados. Por otro lado, hay riesgo: una iniciativa federal en un Congreso eventualmente más conservador podría retroceder. La estrategia que muchas activistas defienden es continuar con litigio estratégico estado por estado más implementación robusta en los ya despenalizados, antes que arriesgar todo en una pelea federal de resultado incierto.

Lo que falta para que la conquista sea real

Esta plataforma ha repetido este mensaje en cada texto sobre derechos reproductivos: despenalizar no es lo mismo que garantizar. Las 22 entidades, en distintos grados, fallan en la implementación.

Solo CDMX, Veracruz, Guerrero y Oaxaca tienen programas robustos de acceso al aborto en hospitales públicos. En el resto, el servicio es disperso, depende de hospitales particulares dentro de la red, y suele requerir conocimientos previos sobre cuál hospital sí provee y cuál no. Las redes feministas siguen siendo, en muchas regiones, la diferencia entre una IVE digna y una emergencia obstétrica.

El abasto de medicamentos —principalmente misoprostol y mifepristona— ha sido irregular. Hay periodos en que las farmacias hospitalarias no tienen existencias. Las organizaciones acompañantes han suplido esa falla, pero no es su responsabilidad estructural.

La objeción de conciencia institucional, prohibida por la SCJN, sigue operando de facto en muchos hospitales. Personal médico que objeta verbalmente sin registrarse formalmente. Hospitales completos que aducen "nadie disponible" cuando la persona gestante acude a solicitar el servicio.

Los plazos de atención son frecuentemente excesivos. La ley permite hasta las 12 semanas, pero los procesos administrativos —cita, valoración, ecografía, segunda valoración, firma de consentimiento, programación— pueden consumir varias semanas y dejar a la persona fuera del plazo legal.

El factor Aguascalientes

Mientras los avances se acumulan, Aguascalientes sigue siendo un foco de alerta. La reforma aprobada en agosto de 2025 que reduciría el plazo de 12 a 6 semanas convertirá a esa entidad en un retroceso histórico. Las colectivas locales presentaron amparos colectivos. La Suprema Corte tendrá la palabra final. Lo que se decida en ese caso será un precedente para todo el país: si una mayoría legislativa puede revertir un derecho conquistado, ningún estado está a salvo.

Lo que sigue para 2025

En los próximos meses esta plataforma dará seguimiento a tres procesos clave: la implementación efectiva en los estados recién despenalizados (Chihuahua, Nayarit, Campeche, Yucatán, Tabasco); la resolución del caso Aguascalientes ante la SCJN; y los movimientos en los siete estados que aún criminalizan. Cada conquista es de las colectivas que la empujaron. Cada implementación pendiente es deuda del Estado.

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Fuentes: