Puebla despenaliza el aborto: 16 entidades dicen sí
El Congreso de Puebla aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas. Con esa decisión, ya son 16 entidades que reconocen el derecho. Lo que queda.
Puebla despenaliza el aborto: 16 entidades dicen sí
Publicado el 15 de julio de 2024 · Categoría: Derechos reproductivos
A inicios de julio, el Congreso de Puebla aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, sumándose a la lista creciente de entidades mexicanas que reconocen el derecho. Con la aprobación poblana, 16 entidades de las 32 que componen el país tienen marcos despenalizados, lo que significa —simbólicamente— que la mitad de México ha incorporado en su legislación local lo que la jurisprudencia de la SCJN ya estableció a nivel nacional desde 2023. La Marea Verde sigue empujando: queda otra mitad por convencer, además de la implementación efectiva donde la ley ya cambió.
La ruta poblana
Puebla había sido durante años una de las entidades más conservadoras en materia de derechos reproductivos. Con gobiernos locales tradicionalmente vinculados a sectores eclesiásticos y con un Congreso que rechazó múltiples iniciativas, la despenalización parecía lejana incluso después de la sentencia de la SCJN de 2023.
El cambio se dio por una combinación de factores:
Una. La presión sostenida de redes feministas locales, especialmente la Red Necesitamos Aborto Legal Puebla y aliadas como Católicas por el Derecho a Decidir.
Dos. El antecedente de la sentencia de la SCJN de septiembre de 2023, que declaró inconstitucionales las disposiciones que penalizaban el aborto consentido a nivel federal, y por extensión obligaba a las entidades a armonizar.
Tres. El cambio de correlación de fuerzas en el Congreso poblano tras las elecciones intermedias.
Cuatro. El precedente acumulado de otras entidades (CDMX, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Sinaloa, Baja California, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Jalisco, San Luis Potosí, Estado de México, Quintana Roo, Michoacán) que mostraron viabilidad operativa y política.
Cinco. La incidencia técnica del GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida) y de IPAS Latinoamérica que articularon argumentación jurídica disponible para legisladoras locales.
Los argumentos en debate
El proceso legislativo en Puebla replicó argumentos que ya conocemos de otros procesos:
A favor: derecho a decidir, autonomía corporal, salud pública, eliminación de criminalización injusta de mujeres en situación vulnerable, alineación con jurisprudencia federal.
En contra: argumentos eclesiásticos, "derecho a la vida desde la concepción", retórica del "lobby internacional", apelación a sectores conservadores tradicionales.
La votación pasó con margen suficiente. La diputada Mónica Silva, ponente de la iniciativa, leyó nombres de mujeres que han muerto por abortos clandestinos en el estado durante los últimos 20 años. La intervención generó silencio en el pleno.
El mapa actualizado
A julio de 2024, las entidades despenalizadas son:
- Ciudad de México (2007)
- Oaxaca (2019)
- Hidalgo (2021)
- Veracruz (2021)
- Coahuila (2021)
- Sinaloa (2022)
- Baja California (2022)
- Colima (2022)
- Guerrero (2022)
- Aguascalientes (2023)
- Jalisco (2023)
- San Luis Potosí (2023)
- Estado de México (2024)
- Quintana Roo (2024)
- Michoacán (2024)
- Puebla (2024) ← nueva incorporación
Las 16 entidades pendientes incluyen: Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Tlaxcala, Morelos, Querétaro, Guanajuato, Nayarit, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora, Chihuahua, Baja California Sur.
Algunas (como Tlaxcala, Morelos, Tamaulipas) están en proceso legislativo activo. Otras (Yucatán, Guanajuato, Nuevo León) muestran resistencia más fuerte.
Lo que la sentencia de la SCJN garantiza
Vale la pena recordar: incluso en las entidades que no han despenalizado localmente, la sentencia de la SCJN de septiembre de 2023 establece que ninguna mujer puede ser criminalmente perseguida por abortar. La criminalización local quedó técnicamente sin efecto jurídico vinculante.
Sin embargo, el problema no es solo formal. En las entidades sin armonización local:
- Las fiscalías locales pueden seguir operando bajo lógica criminalizadora hasta que se revisen casos específicos.
- Los servicios de salud pública pueden no ofrecer interrupción legal del embarazo (ILE) bajo argumento de objeción institucional.
- Las mujeres siguen recurriendo a aborto clandestino, especialmente en zonas rurales.
- El estigma social sigue operando como barrera.
Por eso la despenalización formal en cada estado es importante: no es repetición ociosa, es alineación práctica.
Lo que la implementación exige
Despenalizar es paso. Implementar es otra batalla. Las exigencias específicas que las redes feministas mantienen son:
Una. Servicios de ILE en hospitales públicos de cada estado despenalizado, con capacitación a personal médico y eliminación de objeción de conciencia institucional.
Dos. Anticonceptivos accesibles en todo el sistema público, sin barreras administrativas, sin estigmatización, incluyendo anticoncepción de emergencia.
Tres. Educación sexual integral en escuelas, con énfasis en consentimiento, autonomía, prevención.
Cuatro. Atención específica a casos de violación: protocolos rápidos, no requisito de denuncia previa para acceso a interrupción.
Cinco. Atención post-aborto digna, sin criminalización ni reproches, en cualquier hospital público o privado.
Seis. Acceso para mujeres rurales, indígenas, migrantes, jóvenes: la ILE no puede ser privilegio urbano y de clase media.
Lo que la Marea Verde sostiene
La Marea Verde mexicana, articulada con la regional latinoamericana (Argentina como referente, Colombia, Chile, Uruguay), sostiene que el camino tiene tres ejes:
Cambio normativo: cada estado pendiente. La meta es que para 2030 los 32 estados estén despenalizados.
Cambio operativo: que la ley se traduzca en servicios reales, especialmente para las más vulnerables.
Cambio cultural: que el estigma social se erosione, que la decisión de abortar se nombre sin culpa, que las mujeres que abortaron puedan hablar sin temor.
A las mujeres poblanas que ahora tienen marco legal claro para decidir: el derecho está. Ahora toca que los hospitales lo respeten. A las redes feministas poblanas que sostuvieron la incidencia: gracias. A las 16 entidades pendientes: estamos esperando.
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