Chihuahua y Nayarit despenalizan: el mapa del aborto en México arranca el año cambiando

Publicado el 20 de enero de 2025 · Categoría: Derechos reproductivos

Enero apenas terminaba la primera semana cuando el mapa del aborto legal en México cambió. Chihuahua, primero, y Nayarit, días después, modificaron sus códigos penales para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta las doce semanas de gestación. Con ellos, el conteo de entidades que reconocen el aborto como un derecho subió a 22. Para quienes han litigado este tema durante décadas —GIRE, IPAS, Marie Stopes, Católicas por el Derecho a Decidir, las colectivas de Las Libres y muchas otras—, fue una mañana doble: alegría por la conquista, vigilancia por lo que sigue.

Despenalizar no es lo mismo que garantizar. Esa es la frase que repiten las abogadas y las acompañantes desde el primer caso ganado en la Ciudad de México hace dieciocho años. La despenalización quita el riesgo de que una mujer vaya a la cárcel por interrumpir su embarazo dentro del plazo legal. Pero no obliga, automáticamente, a que los hospitales públicos provean el servicio. No capacita al personal médico. No garantiza que la consejería sea libre de juicios morales. No vacuna contra el desabasto de medicamentos. La despenalización, en otras palabras, es la condición necesaria. La garantía es otra batalla, mucho más larga.

El recuento al cierre de enero

Las 22 entidades que reconocen la IVE como un derecho hasta las 12 semanas son, en orden cronológico desde 2007: Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima, Sinaloa (única hasta la semana 13), Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Aguascalientes (con la salvedad que comentaremos), Coahuila, Estado de México, Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, Michoacán, Zacatecas, Chiapas, Chihuahua, Nayarit y, ya entrando febrero de 2025, Campeche. Yucatán y Tabasco se sumarían más adelante en el año, durante abril y mayo respectivamente.

En el otro lado siguen ocho entidades que mantienen la criminalización: Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala. Tlaxcala perdería su lugar en esa lista al cierre de 2025, cuando la Suprema Corte avalara las modificaciones a su Ley de Salud. Es decir: el año empezó con avances y cerró con avances, pero entremedias también hubo retrocesos.

El caso Aguascalientes: el retroceso del año

Aguascalientes despenalizó la IVE hasta las 12 semanas de gestación en 2023, después de una resolución de la Suprema Corte que tumbó los artículos punitivos de su código penal. Pero el 28 de agosto de 2025 —ya entrado el segundo semestre— el Congreso local aprobó una reforma que redujo el plazo de 12 a 6 semanas. Es la primera vez, en la historia reciente de México, que una entidad federativa retrocede en un derecho reproductivo ya conquistado.

Seis semanas, en términos prácticos, equivalen a no garantizar nada. La mayoría de las personas no saben que están embarazadas a las seis semanas. Las pruebas confiables empiezan a dar resultados positivos consistentes a las cinco. Quien tenga ciclos irregulares, quien esté usando un método anticonceptivo y haya sospechado un retraso atribuible al método, quien haya sido víctima de violación reciente y aún no haya logrado acceder a una ruta institucional, queda fuera. Aguascalientes pasó, en una sola votación, de tener un derecho a tener una ficción.

Las colectivas locales presentaron amparos colectivos casi de inmediato, y al cierre del año la Corte tenía sobre la mesa el caso. Es el primer test serio del nuevo Pleno electo por voto popular: cinco juezas en la Suprema Corte, una mayoría que las redes feministas votaron con la esperanza de que blindara las conquistas. La sentencia que se dicte sobre Aguascalientes no será una más. Será un mensaje al resto del país sobre si los derechos reproductivos pueden, o no, ser revertidos por una mayoría legislativa.

Chiapas: la otra cara

A favor del año, Chiapas hizo algo que pocas legislaturas han hecho: aprobó una ley específica que garantiza acceso a aborto legal y atención psicológica gratuita para niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. La ley, además, reconoce que muchas niñas embarazadas producto de violación llegan tarde a las semanas legales no por descuido sino porque nadie en su entorno detectó el embarazo o porque el agresor era un familiar y se ocultó el cuerpo. La norma permite, en esos casos, ampliar el plazo y obliga al sistema de salud a proveer el servicio sin requerir denuncia previa. Es un modelo que otras entidades deberían copiar.

El mapa de implementación

Más allá del estatus legal, hay otra capa: cuáles entidades efectivamente proveen el servicio en hospitales públicos. La respuesta corta es: pocas. Solo la Ciudad de México, Veracruz, Guerrero y Oaxaca tienen programas de acceso al aborto en hospitales públicos con cobertura amplia. El resto opera en una zona gris: la ley lo permite, los hospitales no lo ofrecen, y las personas terminan recurriendo a redes feministas de acompañamiento o, peor, a clínicas clandestinas.

Entre 2007 y 2024, más de 72 mil personas viajaron desde el Estado de México a la CDMX para acceder al servicio. Esa cifra es un termómetro: medía no solo demanda contenida, sino también el costo —económico, emocional, de tiempo— que pagan las personas gestantes en estados donde la ley dice una cosa y el hospital otra.

Lo que sigue

Para 2025, el reto no es solo despenalizar más entidades. Es lograr que las 22 (y las que se sumen) implementen rutas de acceso reales: presupuesto, capacitación, abasto de medicamentos, eliminación de objeciones de conciencia que no respetan los criterios de la SCJN, y consejería libre de discurso religioso impuesto. Y, por supuesto, defender la conquista de Aguascalientes ante la Corte.

Mientras tanto, las redes de acompañamiento siguen siendo, en muchas regiones, la diferencia entre una IVE digna y una urgencia obstétrica. A ellas, gracias. A las que despenalizan desde un congreso, también. La lucha sigue, y este año la pelea está en la implementación.

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Fuentes: