Aborto en estados pendientes: lo que falta del mapa
A inicios de 2024, ocho estados mantienen la criminalización del aborto. Quiénes son, qué iniciativas tienen abiertas y por qué algunos pueden avanzar este año.
Aborto en estados pendientes: lo que falta del mapa
Publicado el 11 de marzo de 2024 · Categoría: Derechos reproductivos
A inicios de 2024, el mapa de despenalización del aborto en México sigue parcial. Tras la resolución de la SCJN de septiembre de 2023 que invalidó la criminalización federal, los códigos penales estatales avanzan a velocidades distintas. Trece estados reconocen formalmente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta las 12 semanas. Ocho estados mantienen la criminalización en sus códigos penales. Otros estados están en transición: con resoluciones judiciales que invalidaron artículos punitivos sin que el Congreso local todavía haya armonizado.
Para 2024, las colectivas feministas y las organizaciones de incidencia (GIRE, IPAS, Marie Stopes, Católicas por el Derecho a Decidir, Las Libres) tienen identificados al menos cuatro estados donde la conquista puede avanzar este año por vía legislativa o judicial: Jalisco, Puebla, Estado de México y Michoacán. Otros pueden seguir más lentos. Y algunos, los más conservadores, requerirán años más de presión.
Los ocho estados que aún criminalizan
Al cierre de febrero de 2024, las entidades que mantienen el aborto criminalizado en sus códigos penales son: Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala. Algunos puntos clave por estado:
Guanajuato: históricamente el estado más resistente a la despenalización. Cabildos vinculados al PAN tradicional, presencia activa de organizaciones religiosas, contramarchas masivas en años recientes. La marea verde local —especialmente Las Libres, organización fundadora del movimiento— sigue empujando, pero los avances son lentos.
Querétaro: tiene iniciativas en discusión en el Congreso local. La presión de Marea Verde Querétaro y de aliadas en el Congreso local puede traducirse en avance este año.
Nuevo León y Tamaulipas: estados del norte con composiciones políticas conservadoras. La oposición es fuerte. El cambio de mayoría legislativa requeriría procesos electorales que no necesariamente ocurren en 2024.
Durango: en años anteriores ha tenido iniciativas que se han caído. La presión sigue.
Sonora: aunque el contexto general (con las Madres Buscadoras y otros movimientos activos) podría favorecer un avance, la composición política local sigue siendo conservadora en derechos reproductivos.
Morelos y Tlaxcala: estados pequeños donde la presión local de colectivas es importante pero las mayorías legislativas siguen resistiéndose.
Los estados donde puede avanzar 2024
Jalisco: como reportaremos en abril, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito invalidó los artículos punitivos del código jalisciense en abril de 2024. La decisión judicial despenaliza pero requiere armonización legislativa para tener efectos plenos. La presión sobre el Congreso local sigue.
Puebla: tiene iniciativa en discusión que podría avanzar a mediados de 2024 (efectivamente, en julio pasaría). Las Marea Verde Puebla y otras colectivas locales empujan.
Estado de México: la entidad más poblada del país tiene iniciativa que se anticipa pueda pasar hacia fines de 2024. La presión cumulada desde hace años se traduce.
Michoacán: similar al EdoMex, con avance proyectado para el año.
Qué pasa donde ya despenalizó pero no se implementa
Mientras el mapa legal avanza, la realidad de implementación sigue desigual. Solo CDMX, Veracruz, Guerrero y Oaxaca tienen programas robustos de acceso al aborto en hospitales públicos. En las demás entidades despenalizadas, el servicio es disperso, depende de hospitales particulares dentro de la red, y suele requerir conocimientos previos. Las redes feministas siguen siendo, en muchas regiones, la diferencia entre IVE digna y emergencia obstétrica.
La caída de la objeción de conciencia institucional
La SCJN ha sido clara: la objeción de conciencia es individual, no institucional. Pero en la práctica, hay hospitales completos donde "todos" objetan. Hay registros administrativos opacos. Hay personal que objeta verbalmente sin haberlo formalizado. La consecuencia es que la persona gestante termina derivada a una clínica privada (que cobra entre 4 mil y 12 mil pesos) o a una red feminista de acompañamiento.
Para 2024, las exigencias específicas en este frente:
Una. Lineamientos federales obligatorios para el sistema de salud que precisen los criterios de objeción de conciencia individual y prohíban explícitamente la institucional.
Dos. Sanciones efectivas a directores de hospitales que permitan objeción simultánea sin garantizar el servicio.
Tres. Capacitación obligatoria a personal médico sobre IVE como parte de la formación continua.
Cuatro. Abasto sostenido de medicamentos (misoprostol y mifepristona) en farmacias hospitalarias.
Cinco. Indicadores trimestrales públicos por hospital de servicios efectivamente provistos.
El año que viene
A las colectivas que están empujando en los ocho estados pendientes: este espacio acompaña. A las personas gestantes que viven en estados donde aún se criminaliza: las redes de acompañamiento siguen disponibles, los servicios en estados vecinos están operativos, y ni-una-mas.mx es canal seguro para preguntar y orientarse.
A todas: 2024 puede ser año de avances. La pelea sigue.
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